La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará una revisión significativa en el régimen de penalidades por faltas tributarias a partir de la entrada en vigencia de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, la cual ya cuenta con media sanción parlamentaria. Esta iniciativa actualiza los valores de las sanciones para reflejar el contexto inflacionario actual, aunque ha despertado inquietud entre autónomos y pequeños contribuyentes por el incremento sustancial de los montos a pagar.
Las penalidades económicas han evolucionado de cifras casi nominales a importes que pueden comprometer seriamente la estabilidad financiera de microempresas y trabajadores independientes. Para ilustrar, la omisión en la presentación de declaraciones juradas escaló de $400 a $440.000 para empresas constituidas, mientras que las declaraciones informativas ahora pueden acarrear multas de hasta $5 millones para personas físicas y $10 millones para sociedades comerciales.
En qué consiste la «Inocencia Fiscal»
El espíritu de la Ley de Inocencia Fiscal apunta a modernizar las penalidades para que cumplan un rol disuasorio real y dejen de ser meramente simbólicas. La propuesta incorpora un sistema de actualización automática a partir del año 2027, vinculado a la variación interanual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Si bien esto busca que las multas no se erosionen con el paso del tiempo, no establece distinciones entre grandes conglomerados y contribuyentes de menor escala.
Profesionales de la contaduría han señalado la necesidad de robustecer la estabilidad de los sistemas informáticos del organismo, dado que eventuales fallas en el portal web de ARCA podrían resultar en sanciones millonarias para usuarios sin responsabilidad alguna en el error. Asimismo, han cuestionado la ausencia de criterios de graduación que contemplen la realidad de las pymes y los monotributistas, quienes quedarían sujetos a las mismas exigencias que grandes corporaciones con mayor capacidad económica.
Consecuencias para los monotributistas
El nuevo marco normativo golpea de lleno a los pequeños contribuyentes con sanciones que exceden, en muchos casos, su capacidad de pago. Un monotributista que incurra en la falta de presentación de una declaración jurada podría enfrentar una multa de $220.000, en tanto que la negativa a una inspección fiscal conlleva penalidades que van desde los $150.000 hasta los $2.500.000.
La contadora Miriam Roldán ilustró el alcance de la medida con ejemplos concretos:
- Un comerciante que no presente su declaración jurada de IVA recibirá una multa de $220.000, y si además desatiende un requerimiento específico, la sanción podría ascender a $2.500.000.
- Un monotributista que omita responder un pedido de información se expone a multas que oscilan entre $150.000 y $2.500.000, dependiendo de la gravedad del caso.
Las multas más severas pueden alcanzar los $35 millones en situaciones de obstrucción a fiscalizaciones o incumplimientos en operaciones de comercio exterior. Desde el sector se ha solicitado la incorporación de un breve período de gracia de dos o tres días, que permita subsanar errores antes de la aplicación automática de las sanciones.
El proyecto no establece diferenciaciones según la dimensión de la empresa, generando así una situación de desventaja para pymes y monotributistas. Los especialistas sugieren revisar estos criterios, para evitar que el régimen de multas se transforme en una barrera insalvable para los contribuyentes de menor porte.