Una vecina de Chubut, en medio del drama provocado por los incendios forestales, sostuvo que “le están queriendo vender la Patagonia a los judíos”. La frase es desafortunada y se basa en un prejuicio antiguo que forma parte del repertorio clásico del antisemitismo.
El diputado libertario Adrián Brizuela reaccionó con dureza frente a la difusión de esos dichos. Sostuvo que su publicación forma parte de “la atrocidad del antisemitismo global” y advirtió que, muchas veces, ese fenómeno “se esconde detrás de periodistas y medios que aprovechan cualquier comentario trasnochado para darle un encuadre noticioso de teoría conspirativa tan descabellada que no admite el más mínimo análisis”. En el señalamiento de fondo hay una verdad incómoda: construir relatos explicativos a partir de prejuicios no solo distorsiona la realidad, sino que termina legitimando discursos de odio bajo la apariencia de denuncia social.
Ahora bien, el problema aparece cuando la crítica se desplaza del contenido a los medios. El periodismo no está para validar creencias, sino para exponerlas, contextualizarlas y permitir que sean discutidas. Recoger la voz de una persona afectada por un desastre no implica avalar lo que dice ni convertirlo en explicación oficial.
La contradicción se vuelve más evidente cuando se observan las propias afirmaciones del diputado. Porque mientras denuncia teorías conspirativas sin sustento, Brizuela sugiere la posible responsabilidad de “grupos terroristas de izquierda como la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)” en los incendios. Es cierto que no acusa de manera directa a la comunidad mapuche. Pero también es evidente que, en el contexto de sus declaraciones, la insinuación opera como tal.
Brizuela cuestiona con vehemencia las versiones que no le resultan funcionales, mientras reproduce otras igualmente endebles cuando se ajustan a su marco conceptual. Brizuela cuestiona con vehemencia las versiones que no le resultan funcionales, mientras reproduce otras igualmente endebles cuando se ajustan a su marco conceptual.
No se trata de un exabrupto aislado. El propio gobierno nacional había afirmado que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”. Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación fue categórico al descartar esa línea: “No, no, está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos”.
En ese punto, el caso Brizuela resulta paradigmático. Culpar a la izquierda de todos los males -de la provincia, del país o del mundo- parece haberse convertido en un reflejo automático. Poco importan las pruebas, lo central es que la explicación encaje en un esquema previo, rígido, que no admite matices ni contradicciones. Por eso resulta llamativo que el diputado cuestione con vehemencia las versiones infundadas que no le resultan funcionales, mientras reproduce otras igualmente endebles cuando se ajustan a su marco conceptual.
Los incendios en la Patagonia no son una discusión teórica ni un insumo para la guerra cultural, sino una tragedia concreta, con consecuencias humanas, ambientales y económicas profundas. Frente a escenarios de esta gravedad, la cautela y la prudencia no deberían ser una excepción sino una obligación. Opinar con fundamento, apoyarse en la realidad fáctica y evitar que los prejuicios ideológicos suplanten a los hechos es, quizás, la única forma responsable de intervenir en el debate público cuando el fuego todavía no se apaga.