El Gobierno cruzó a la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió quien denunció un supuesto pacto con los líderes de la AFA para que la causa de la mansión de Pilar se la saquen al juez Marcelo Aguinsky y la Inspección General de Justicia (IGJ) se abstenga de nombrar un veedor en la entidad madre del fútbol.
Carrió afirmó que existe “un pacto” entre el Gobierno y Sergio Massa por la AFA y dijo: “La corrupción queda en manos de las mafias. La Coalición Cívica quedó sola en este caso con un par de periodistas de investigación”.
El legislador porteño de la CC, Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes en la causa, se sumó a la declaración de Carrió y acusó a la IGJ de ahora olvidar “ocho años de irregularidades por 450 millones de dólares” en los balances de la AFA. “No hay veedor, no hay auditoría”, señaló y destacó que se trató de un proceso de “impunidad”.
Sucede que ayer venció el plazo para que la AFA entregara sus balances cosa que hizo la semana pasada. Y ahora, tras revisar los balances y las declaraciones de los auditores de la AFA, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, tiene que decir si nombrar un veedor u toma otra medida.
Luego la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona dijo que “es falso que la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, haya destrabado o avalado irregularidades vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga”, en un comunicado.
Y reiteró la IGJ no aprobó aún un cambio de sede de la CABA a Pilar y “denunció la irregularidad e ilegalidad del supuesto traslado de la sede social de la AFA desde la calle Viamonte a un inmueble baldío ubicado en Pilar”. “La AFA y la Superliga fueron intimadas a presentar la documentación correspondiente y a brindar las explicaciones del caso, y se citó a los auditores intervinientes. Actualmente, toda la documentación se encuentra bajo análisis por parte del organismo de control”, continuó.
Sostuvo que la Inspección General de Justicia no aprobó los estados contables de la AFA correspondientes a los ejercicios 2017–2024, ni los de la Superliga 2020–2024, y afirmó que no se encuentra autorizadas a hacer auditorías.
“No corresponde la designación de veedores mientras se analizan las declaraciones de los auditores y las respuestas presentadas por las entidades involucradas, porque se respeta el debido proceso”, precisó abriendo un compás de espera hasta terminar de estudiar los balances.