El diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto de ley que propone modificar el régimen legal de CAMYEN S.E., con el objetivo de transparentar la gestión minera y garantizar procedimientos públicos y competitivos.
La iniciativa busca poner fin a la adjudicación discrecional de áreas y derechos mineros. Para ello, establece que toda asociación, cesión, contratación o vinculación con terceros deberá realizarse mediante licitación pública o concurso público.
Según el proyecto, esta exigencia alcanzará a toda actividad vinculada a la exploración, explotación o aprovechamiento económico de recursos mineros administrados por la empresa estatal.
Principales puntos del proyecto
Entre los ejes centrales, la propuesta incluye la prohibición expresa de la adjudicación directa de áreas, concesiones o derechos mineros por parte de CAMYEN, sin importar el instrumento utilizado.
Además, declara la nulidad absoluta de cualquier reglamento o disposición que habilite excepciones a los procesos de selección pública.
El texto también establece que cualquier excepción a la licitación solo podrá autorizarse mediante una ley especial de la Legislatura, con fundamentos claros de interés público.
Mayor control legislativo
El proyecto refuerza el control de la Legislatura sobre la empresa minera estatal. En ese marco, obliga a CAMYEN a remitir informes completos y documentados sobre cada proceso licitatorio.
Estos informes deberán incluir ofertas recibidas, dictámenes técnicos, adjudicaciones y contratos firmados.
Fundamentos de la iniciativa
En los fundamentos, Monti sostiene que los recursos minerales son bienes de dominio originario del Estado provincial. Por ese motivo, afirma que su administración no puede quedar sujeta a decisiones discrecionales, aun cuando se ejerza a través de una empresa estatal.
“El proyecto no frena la minería ni las inversiones”, señala la iniciativa. En ese sentido, remarca que el objetivo es promover una actividad minera con reglas claras, transparencia y control democrático.
Según el texto, la propuesta apunta a garantizar que los beneficios de la actividad minera en Catamarca alcancen al conjunto de la sociedad.