Mientras la Justicia investiga las posibles maniobras defraudatorias vinculadas a una supuesta influencia en la adjudicación de viviendas, que fue denunciada por el propio Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ahora el diputado provincial Javier Galán (MID) sumó nuevos reclamos de vecinos, por los que pidió un «control urgente» para que el organismo revise si las casas son habitadas por los adjudicatarios o no.
«He recibido numerosas denuncias de familias que llevan años esperando su vivienda, cumpliendo todos los requisitos, mientras enfrentan alquileres impagables y condiciones de hacinamiento. Las denuncias hablan de: viviendas deshabitadas; casas utilizadas como fin de semana; adjudicaciones a personas que ya tendrían vivienda; familias que esperan desde hace años sin respuestas», enumeró el diputado.
Por ese motivo, exigió un «operativo de control urgente para garantizar que las casas adjudicadas estén habitadas por quienes realmente las necesitan». «La vivienda es un derecho. Y quienes esperan hace años merecen transparencia y justicia. ¡Basta de que algunos se aprovechen del sistema mientras miles de familias siguen esperando su hogar digno!», reparó en sus redes sociales.
El planteo llega en medio de la investigación de tres denuncias realizadas en la Justicia, en las que se mencionaron supuestas maniobras que podrían constituir un fraude y están vinculadas a la entrega de viviendas: personas que se hacen pasar por funcionarios o aseguran tener supuestos nexos dentro del IPV, que exigen dinero a las personas para otorgarles lugares de privilegio en las listas de adjudicación.
El martes, el director de Adjudicaciones y Control de Viviendas del IPV, Mauricio Varela, presentó una denuncia al respecto. El denunciado está identificado como Juan Martín Acuña, quien cobraba entre 450.000 y un millón de pesos para supuestamente facilitar la adjudicación de viviendas a personas que ni siquiera estaban en los listados del IPV como posibles beneficiarios. Varela denunció que este hombre se hacía pasar por él con perfiles falsos en aplicaciones de mensajería.
En este sentido, una de las pruebas proporcionadas por Varela, es un audio de WhatsApp, que fue transcripto textualmente en la presentación judicial, donde se escucharía al denunciado explicar cómo supuestamente podía conseguir la entrega de viviendas. «… Bueno mirá gorda, te la hago cortita y al pie y estos audios quiero que queden entre nosotros… eeehhh para darte la casa te cobran un millón de pesos… pero yo hablé por vos y por otro chico más que están urgiéndoles la casa, cuatrocientos cincuenta mil pesos… eso yo tengo hasta mañana antes de las doce del mediodía darle un contesto para que te pongan en el listado…», indica la transcripción del audio.
A esto se sumó la presentación espontánea de la secretaria de Varela, Natalia Herrera, quien advirtió que su nombre aparecía mencionado por el principal imputado en audios y comunicaciones incorporadas al expediente. En esas conversaciones, el acusado aludiría a supuestos vínculos con autoridades del organismo para dar sustento a los ofrecimientos que realizaba.
Esta causa es investigada por la fiscal de instrucción nº1, Yesica Miranda, quien además cuenta con otros dos expedientes de tono similar, que son denuncias hechas por ciudadanos particulares. Por error, en la edición de El Ancasti de ayer se consignó que eran cuatro causas en total, pero son tres.
Tras realizar la denuncia, el funcionario explicó que el accionar de Acuña es «totalmente ajeno» al proceso de selección de beneficiarios de parte del organismo. Tanto en la denuncia, como luego en un comunicado, se aclaró que «ya sea para la preadjudicación o adjudicación de soluciones habitacionales, tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como el Instituto Provincial de la Vivienda, no cobran ni un solo centavo por los trámites previos a la entrega de soluciones habitacionales» y que tampoco acepta gestores de ningún tipo.
«El organismo solo se limita a recuperar lo invertido en la construcción de la vivienda, mediante el pago de cuotas mensuales y consecutivas previstas en el plazo de amortización, iniciándose este recupero de crédito, luego de la toma de posesión de la unidad habitacional por parte del beneficiario», aclararon tanto en la presentación como en el comunicado.
En sus redes, el IPV también aclara que «nadie está autorizado a solicitarte información ni dinero a cambio de realizar gestiones para la adquisición de tu vivienda, módulo habitacional u otro beneficio». Piden que se denuncie.