La administración de Javier Milei logró en los últimos días recuperar la iniciativa parlamentaria y exhibir capacidad de articulación en el Congreso con la media sanción de dos leyes consideradas estratégicas para su programa. En un contexto de fragmentación y tensiones con los gobernadores, ese resultado constituye un éxito institucional que le permitió ordenar expectativas y recomponer autoridad.
Sin embargo, el frente económico amenaza con erosionar esa ventaja. El propio Gobierno, aun cuando sostiene una narrativa optimista sobre la marcha de la macroeconomía -anclada en la desaceleración inflacionaria y el compromiso con el equilibrio fiscal-, admite en conversaciones reservadas que el trimestre en curso estará signado por un agravamiento de la estrechez económica. Desde el Palacio de Hacienda vienen anticipando a los gobernadores que los próximos meses serán particularmente complejos en materia de ingresos y liquidez.
Las provincias arrastran severos problemas de caja como consecuencia del retraimiento de la actividad durante el segundo semestre de 2025, tendencia que se prolongó en el inicio del año. La contracción del consumo, la caída de la producción y la merma en la recaudación impactan de manera directa en los envíos automáticos por coparticipación, que dependen de la performance tributaria nacional.
Un informe del IARAF reveló que las 24 jurisdicciones registraron en enero caídas interanuales reales en esos envíos, con un promedio consolidado de −6,6%. El dato implica que, descontada la inflación, los recursos disponibles para sostener el gasto corriente, salarios y servicios esenciales son sensiblemente inferiores a los del año pasado. En el caso de Catamarca, la caída fue aún más pronunciada: 6,9% real interanual.
Las provincias son el primer termómetro del malestar. Allí se sienten antes que en la Casa Rosada las restricciones presupuestarias y las demandas sociales. Las provincias son el primer termómetro del malestar. Allí se sienten antes que en la Casa Rosada las restricciones presupuestarias y las demandas sociales.
A ello se suma la disminución en el envío de aportes no reintegrables, tradicional herramienta de compensación discrecional ante contingencias financieras. La combinación de menores recursos automáticos y retracción de transferencias extraordinarias configura un escenario de alta fragilidad en los gobiernos subnacionales.
El trasfondo es una recaudación nacional que acumula seis meses consecutivos de caída en términos reales. Enero marcó, ajustado por inflación, el nivel más bajo de los últimos 16 años, con una contracción del 7,4% real. Se trata de un dato estructuralmente preocupante: no solo expresa el enfriamiento de la economía, sino que limita la capacidad del Estado nacional para asistir a las provincias sin comprometer su meta de superávit. Tampoco contribuyen a una mejora en el corto plazo las crecientes dificultades para acceder al crédito externo en condiciones razonables.
En este contexto debe leerse la mención oficial a un “trimestre malo”. En el equipo económico confían en que a partir de abril comiencen a ingresar con mayor intensidad los dólares de la cosecha gruesa, particularmente de la soja, aportando alivio cambiario y fiscal. Pero esta dependencia estacional expone, más que una fortaleza, la vulnerabilidad del esquema: la economía continúa atada a un flujo primario y cíclico de divisas, sin generación sostenida de dólares genuinos vía exportaciones diversificadas o inversión productiva de escala.
Si el rebote prometido no se materializa y la contracción persiste en el interior, el capital político acumulado por el oficialismo podría evaporarse con rapidez. Las provincias son el primer termómetro del malestar. Allí se sienten antes que en la Casa Rosada las restricciones presupuestarias y las demandas sociales.
En ese marco, comienzan a emerger reclamos sectoriales, entre ellos los de las fuerzas de seguridad, que tensionan presupuestos ya exhaustos. Son señales tempranas de una conflictividad que podría ampliarse si la actividad no recupera dinamismo.