El escándalo en el que quedó sumida la Seccional Catamarca de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se agravó en las últimas horas tras conocerse que una exempleada denunció a otro trabajador del gremio por presunto abuso sexual continuado y extorsión.
En la causa hay tres denuncias. La primera fue realizada el 14 de enero por la secretaria general del gremio, Claudia Espeche, contra la exsecretaria de Finanzas, Soledad Carrizo, por presuntas irregularidades en la administración de fondos. Por su parte, el 30 de enero Carrizo la denunció, aduciendo que actuó coaccionada por la propia Espeche.
En el medio, y de acuerdo con la información a la que accedió El Ancasti, habría un faltante de más de 30 millones de pesos de las arcas del gremio, y la investigación quedó en manos del fiscal de Instrucción Nº 3, Jorge Palacios.
Esta semana, con el patrocinio de los abogados Bruno Jerez y Sebastián Ibáñez, una exempleada del gremio también radicó una denuncia contra un trabajador administrativo por supuesto abuso sexual en las instalaciones de UPCN y en otros ámbitos.
Además, lo acusó de extorsión. De acuerdo a la presentación, el sujeto la habría abusado y le exigía importantes sumas de dinero a cambio de la realización de trámites administrativos relacionados con movimientos de capitales del gremio.
Estos hechos se habrían repetido en varias oportunidades y, por tratarse de un presunto caso de abuso, la investigación recayó en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Ruth Antonino.
De esta manera, el escándalo que sacude a UPCN acumula tres denuncias.En la última presentación judicial, el sospechoso fue acusado también de hostigar a familiares de la denunciante.
En este marco, con el cúmulo de pruebas producidas, informes y pericias psicológicas y psiquiátricas, y los testimonios reunidos, la fiscal Antonino le impuso fuertes restricciones al presunto agresor.
Entre otras medidas, se le ordenó que no se acerque a las víctimas por un plazo de 120 días, que no frecuente los lugares de trabajo ni aquellos espacios en los que ellas se encuentren, y que se abstenga de cualquier forma de contacto.
En la seccional local de UPCN faltarían más de 30 millones de pesos correspondientes a cuotas sindicales que municipios de Catamarca retuvieron a sus empleados.
El dinero corresponde al 2% retenido a cada trabajador agremiado y las maniobras de desvío de fondos se habrían extendido entre los años 2022 y 2025. La maniobra, señaló Espeche, consistía en quedarse con el dinero en efectivo y evitar que los municipios transfirieran los fondos a las cuentas bancarias del gremio.
Según Carrizo, en cambio, Espeche dio la orden de que el dinero no se enviara a través de cuentas bancarias, para evitar su trazabilidad.
Otras fuentes informaron que el año pasado una auditoría efectuada por UPCN Nación puso en evidencia que había “diferencias” contables. Tras esa inspección se realizó la denuncia de la secretaria Espeche y posteriormente se produjeron las otras acusaciones.n