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Proponen crear en Catamarca un Banco de ADN: qué es y cómo fortalecería la investigación penal

Un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados propone la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados (BPGD) en Catamarca, una herramienta destinada a modernizar las investigaciones judiciales mediante el uso de ADN con fines identificatorios.

La iniciativa establece que el banco funcionará en el ámbito del Poder Judicial y tendrá como finalidad la “obtención, almacenamiento, sistematización y custodia de perfiles genéticos humanos” para contribuir al esclarecimiento de delitos, la identificación de personas desaparecidas y la correcta gestión de evidencia biológica.

Cómo funcionaría

El sistema almacenará perfiles elaborados exclusivamente con “marcadores genéticos neutros”, es decir, información que permite identificar personas sin revelar datos sobre salud o características hereditarias.

Entre los perfiles que podrán incorporarse figuran:

  • Evidencia genética recolectada en investigaciones penales.
  • Perfiles de víctimas con consentimiento.
  • Restos humanos no identificados.
  • Imputados por delitos dolosos con pena privativa de libertad.
  • Personas que voluntariamente soliciten su incorporación.

El proyecto prevé que, ante una negativa del imputado, un juez pueda autorizar la extracción compulsiva de la muestra, siempre mediante resolución fundada y respetando garantías constitucionales.

Beneficios y garantías

En la exposición de motivos se sostiene que la herramienta permitirá “optimizar tiempos y recursos” y lograr “resultados confiables que fortalecen la impartición de justicia”.

Además, el sistema permitirá realizar cotejos sistemáticos y periódicos entre perfiles, lo que podría vincular hechos aparentemente inconexos o aportar nuevas pruebas en investigaciones abiertas.

El texto establece que la información será considerada dato personal sensible conforme a la Ley 25.326 y que solo podrá utilizarse con fines estrictamente previstos por la norma. Además, será interoperable con el sistema nacional en el marco de la Ley 27.759.

Los perfiles se conservarán por 30 años y deberán eliminarse automáticamente en caso de absolución o sobreseimiento con sentencia firme.

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