El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, inició una reestructuración en su área y solicitó la renuncia de los titulares de distintos organismos clave vinculados al control institucional y la transparencia del Estado. La decisión alcanza a dependencias estratégicas que funcionan bajo la órbita del Ministerio, entre ellas la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
“Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo”, explicó Mahiques en una entrevista televisiva. Según indicó, los funcionarios aún no dejaron sus cargos, pero ya se les solicitó formalmente la dimisión para permitir la reorganización de la cartera.
“Son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”, afirmó el funcionario.
En paralelo a estas modificaciones, también se confirmaron movimientos en otras áreas del Gobierno. Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo y que recientemente había sido desplazado de su cargo como viceministro, asumirá como titular de la Procuración del Tesoro.
En el caso de la IGJ, el ministro adelantó que el Gobierno analiza “dos o tres nombres” para reemplazar al actual titular del organismo, Daniel Vítolo.
La Inspección General de Justicia tiene un rol central en la investigación judicial que avanza por presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese marco, existe una disputa judicial para que el organismo sea auditado mediante la designación de veedores.
La decisión sobre la designación de esos veedores había quedado en manos del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuando todavía ocupaba el cargo. No obstante, esa definición será ahora una de las primeras que deberá resolver Mahiques.
Desde el Ministerio explicaron que el proceso administrativo para designar veedores no es simple, ya que requiere la elaboración de un proyecto de resolución, su análisis por parte del titular de la cartera y la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos antes de que pueda formalizarse una decisión. Según indicaron fuentes oficiales, ese circuito administrativo explica por qué la medida aún no se concretó.