Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de la Capital propone establecer medidas para evitar que vendedores ambulantes o personas que solicitan limosna interrumpan a los clientes dentro de bares, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos.
La iniciativa busca regular situaciones que, según se plantea en los fundamentos, pueden afectar la estadía de los consumidores y el normal funcionamiento de los comercios.
El proyecto fue presentado por el concejal de La Libertad Avanza, Diego Figueroa. En los fundamentos de la iniciativa, el edil señaló que la propuesta busca “proteger el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un servicio digno y sin perturbaciones”.
El objetivo es resguardar la tranquilidad de quienes concurren a estos espacios y ordenar la dinámica dentro de locales habilitados y, de acuerdo con el texto, la norma tendría alcance en la Capital e incluiría bares, restaurantes, confiterías, cervecerías, patios gastronómicos y otros comercios donde se brinden servicios de atención al público.
Alcance y responsabilidades
El proyecto establece que los responsables de los establecimientos deberán evitar la circulación dentro de los locales de vendedores ambulantes ajenos al personal y de personas que realicen ventas no autorizadas o soliciten limosna.
En ese sentido, los titulares de los comercios serían considerados responsables de garantizar el cumplimiento de la norma dentro de sus instalaciones.
Según la propuesta, la iniciativa surge ante situaciones en las que la presencia de personas ajenas a los locales puede interrumpir la experiencia de los consumidores, lo que, de acuerdo con los fundamentos, podría afectar tanto el servicio como la percepción del espacio comercial.
Régimen de sanciones
El texto contempla un sistema de sanciones para los casos en que no se cumpla la normativa. Entre las medidas previstas figuran apercibimientos y multas, así como la posibilidad de clausuras temporarias o suspensión de la habilitación comercial en casos de reincidencia o faltas consideradas graves.
Además, la iniciativa faculta a la autoridad de aplicación a solicitar la intervención de fuerzas de seguridad o áreas sociales cuando la situación lo requiera, con el fin de abordar la problemática de manera integral.