domingo, 29 de marzo de 2026 18:20
El juicio por la expropiación de YPF atraviesa una nueva etapa tras el fallo favorable a la Argentina dictado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ahora, la atención se centra en los próximos movimientos de los fondos demandantes Petersen y Eton, financiados por Burford, que buscan revertir la decisión judicial.
Uno de los caminos inmediatos que podrían tomar es solicitar una revisión ante todos los jueces de la Cámara, un procedimiento conocido como hearing en banc. Se trata de un recurso excepcional, poco habitual en la justicia estadounidense, que permitiría reexaminar el fallo si es aceptado.
Según especialistas, este pedido debería presentarse dentro de los 14 días posteriores a la resolución, y su eventual respuesta podría demorar entre 20 y 45 días. En el Gobierno consideran que esta es la vía más probable en lo inmediato, aunque reconocen que su aceptación es poco frecuente.
En caso de que esa instancia sea rechazada, los demandantes podrían recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un pedido de revisión (certiorari). Sin embargo, el máximo tribunal solo toma casos de relevancia excepcional, por lo que no está garantizado que intervenga.
El calendario judicial también juega un rol clave: la Corte entra en receso a fines de julio y retoma su actividad en octubre. De avanzar el planteo, una respuesta podría conocerse hacia diciembre, aunque si el caso es aceptado, la definición final podría extenderse hasta 2027.
En paralelo, existe una tercera alternativa: iniciar un reclamo ante el CIADI, lo que abriría un nuevo frente internacional en la disputa contra el Estado argentino.
Mientras tanto, en la Casa Rosada aseguran que el escenario cambió de forma significativa tras el fallo y sostienen que las posibilidades de una reversión son limitadas. “No está todo cerrado, pero está ganado en un 90%”, indicaron fuentes oficiales, que remarcaron que se preparan para todos los escenarios posibles.
La estrategia del Gobierno se mantendrá en línea con los argumentos que respaldó la Cámara: por un lado, que los reclamos de accionistas por incumplimiento contractual no son admisibles bajo el derecho argentino; y por otro, que cualquier eventual obligación queda subordinada al régimen de derecho público que regula la expropiación.
Aunque el fallo marcó un avance importante para el país, la causa aún no está cerrada y podría continuar su recorrido en distintas instancias judiciales internacionales.