La legislatura salteña reformó su Código Contravencional para incluir el acoso escolar y establecer responsabilidades para los tutores de los estudiantes involucrados.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó una reforma al Código Contravencional que incorpora la figura del bullying y establece sanciones para los padres o tutores de alumnos que incurran en acoso escolar. La iniciativa es similar a otra que ya cuenta con media sanción en la provincia de Mendoza.
La norma busca que los adultos asuman un rol activo en la prevención de la violencia escolar y respondan por las conductas de sus hijos. La modificación establece sanciones de hasta 30 días de arresto o multas para los tutores que ignoren las notificaciones por bullying realizadas por la institución educativa y no se observe un cambio en la conducta del menor.
Antes de cualquier arresto, los responsables deberán comparecer ante un juez contravencional, quien podrá evaluar si la prisión será reemplazada por multas, tareas comunitarias o tratamientos psicológicos. Según informaron medios locales, la medida apunta a reforzar la responsabilidad de los adultos a cargo de menores, en línea con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El proyecto fue impulsado por la senadora Bettina Navarro y recibió aportes de otras iniciativas antes de su aprobación en Diputados. Ahora resta su promulgación por parte del gobernador Gustavo Sáenz.
«Los padres son reticentes a asistir al establecimiento cuando fueron citados o notificados», señaló la diputada Socorro Villamayor. Frente al crecimiento de las denuncias por intimidaciones físicas, psicológicas y verbales de forma repetida e intencionada entre estudiantes, Mendoza ya tiene media sanción para una reforma similar de su Código Contravencional.
En el caso mendocino, las sanciones a los padres consisten en trabajo comunitario de hasta 50 días y multas de hasta $2.000.000 si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas. También prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.
De acuerdo con la propuesta oficial mendocina, la primera sanción para los padres será trabajo comunitario y la segunda, multas económicas. Si el menor repite conductas de acoso escolar, el juez podrá duplicar las sanciones y exigir asistencia obligatoria a talleres o terapias familiares. El documento también incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda.