La abogada Silvia Barrientos, representante de una joven de 26 años que denunció al diputado Javier Galán, aseguró que su defendida atraviesa una situación de «pánico absoluto» tras el presunto abuso y despido. El caso fue presentado ante la Unidad Judicial de Violencia de Género.
La abogada Silvia Barrientos, representante legal de la joven de 26 años que denunció al diputado Javier Galán, fue contundente al describir la situación que atraviesa su defendida: «Es una chica que está en pánico». Tras la presentación formal de la denuncia ante la Unidad Judicial de Violencia de Género, la letrada expuso los ejes centrales de un caso que sacude el ámbito legislativo local.
Para Barrientos, el caso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una «asimetría de poder absoluta» ejercida por el legislador sobre una empleada vulnerable. Según el relato de la abogada, la denunciante —madre soltera— fue víctima de un modus operandi que comenzó bajo la apariencia de asistencia social a través de redes sociales, para derivar luego en un ciclo de abuso.
«La víctima ya venía diciendo que no, evitando los acosos, y eso estaba siendo notado. Esta persona se estaba tornando violenta», explicó Barrientos, subrayando que la joven se mantuvo firme en su negativa a pesar de la presión ejercida por su superior jerárquico.
La representante legal puso especial énfasis en las secuelas físicas que la situación provocó en la víctima, quien debió ser internada el pasado mes de marzo. «Sufrió violencia y abuso, somatizando todo lo que le estaba pasando. Estuvo internada con un cuadro de estrés agudo, fiebre y salpullidos», detalló la doctora.
En cuanto al vínculo laboral, Barrientos denunció una represalia directa: «Cuando volvió a trabajar tras su internación, no solo no comprendieron su estado de salud, sino que la despidieron. Las evidencias que presentamos son claras: quedó sin trabajo por no haber accedido a las pretensiones del señor Galán».
La Dra. Barrientos confirmó que la denuncia, que consta de siete carillas, incluye un relato minucioso que comienza en julio del año pasado, desde el primer contacto en TikTok hasta los hechos de abuso denunciados. Ante el estado de vulnerabilidad, Barrientos exigió medidas urgentes. «Hemos solicitado la intervención de la Oficina de Asistencia a la Víctima, rondas policiales en su domicilio y la entrega inmediata de un botón antipánico», detalló.