La Justicia federal avanza en una causa por un presunto sistema de sobornos que agilizaba autorizaciones de importaciones durante el cepo cambiario, con retornos de entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones.
La Justicia federal avanzó este viernes sobre una de las derivaciones más sensibles de la causa por el denominado “rulo” financiero del dólar blue, luego de que se levantara el secreto de sumario sobre peritajes realizados a teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.
Los análisis sobre dispositivos pertenecientes a Martín Migueles, ex socio y allegado de Elías Piccirillo, revelaron la existencia de un presunto “sistema paralelo” destinado a agilizar autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante los años 2022 y 2023.
Según surge del expediente judicial, el esquema cobraba retornos de entre el 10% y el 15% del valor total de las importaciones para acelerar aprobaciones que, en condiciones normales, podían demorar más de 90 días.
Uno de los nombres que aparece mencionado en los chats es el abogado Ariel Germán Saponara, quien habría consultado contactos para liberar declaraciones de importación vinculadas a autoelevadores y repuestos industriales.
En los audios incorporados a la causa, Migueles explica los porcentajes manejados en las operaciones: “A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13”, señala uno de los mensajes analizados por la Justicia.
La investigación sostiene que las empresas que aceptaban pagar esos montos obtenían la aprobación de importaciones en apenas una semana o diez días, en pleno contexto de restricciones cambiarias y fuerte escasez de reservas.
Otro de los protagonistas mencionados en la causa es Héctor Ezequiel Caputto, alias “Pipo”, señalado como uno de los intermediarios encargados de canalizar expedientes hacia funcionarios o sectores con capacidad de influir en las autorizaciones. En uno de los audios incorporados al expediente, Caputto detalla la estructura de pagos: “Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro”, afirma, en referencia al supuesto reparto interno del dinero obtenido mediante las maniobras.
La causa también reconstruyó parte de la ruta del dinero. En uno de los casos vinculados a la firma Neme S.A., Migueles habría indicado que los pagos debían entregarse en oficinas ubicadas sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, quienes ordenaron allanamientos sobre financistas y operadores vinculados al presunto esquema. Entre los investigados aparecen también Gonzalo Calo, conocido como “Gonzalote”, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro Calian, alias “El Turco”.
Además, los investigadores buscan identificar a otros intermediarios mencionados en las escuchas como “Pato” y “La Señora”, esta última señalada como una persona con capacidad jerárquica dentro de organismos vinculados a la aprobación de importaciones.
La causa continúa en expansión y los peritajes tecnológicos siguen incorporando nombres de empresas importadoras que habrían pagado sumas millonarias para evitar demoras durante el último período de cepo cambiario en Argentina.