La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), tras una maratónica sesión en la que el Gobierno nacional consiguió consolidar una mayoría sólida de 130 votos afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones, quedando la iniciativa lista para ser girada al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), tras una maratónica sesión en la que el Gobierno nacional consiguió consolidar una mayoría sólida de 130 votos afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones, quedando la iniciativa lista para ser girada al Senado.
El instrumento, concebido por el Ministerio de Economía, apunta a captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, alcanzando a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.
En el inicio del debate, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch, como miembro informante, defendió la propuesta señalando que servirá para “salir de Cavernicolandia” y argumentó que “venimos de ser cavernícolas y necesitamos hacer una ley para proteger el derecho de propiedad porque hemos ahuyentado las inversiones y porque no se combate el capital”, añadiendo que “el capital no tiene patria, va donde hay rentabilidad y seguridad institucional”.
Desde la oposición, Mario Manrique (Unión por la Patria) cruzó al oficialismo pidiendo que “terminen con ese chamuyo de que la Argentina está fuera del contexto internacional” y aseveró que “este proyecto no es una ley, es un negociado entre particulares para estampar la firma como si fuéramos escribanos”, tildándolo como parte de un plan para entregar al país.
Por su parte, Lisandro Nieri (UCR) manifestó su acuerdo con los programas de incentivo y ponderó de forma positiva el balance del RIGI original, puntualizando que el Súper RIGI “encara proyectos de gran escala, montos mayores a 1000 millones de dólares y actividades que no se desarrollan en el país al momento de hoy” con el fin de “atraer aquellos proyectos de escala mundial que estén viendo dónde radicarse”.
Asimismo, Eduardo Falcone celebró la incorporación de cambios propuestos por el MID y las cámaras empresarias, tales como la cláusula de “Compre Nacional” del 20% para proveedores locales y los incentivos de doble cómputo para investigación y desarrollo. En contraposición, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) le contestó a Benegas Lynch manifestando que “la discusión de fondo es que no hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo” y remarcó que “a este régimen de inversiones le falta garantizar el desarrollo. Por eso nos negamos a este proyecto, y no porque nos neguemos a las capacidades del Estado a establecer señales para que lleguen esas inversiones”, asegurando que nadie iba a dejar de invertir si no se daban estas enormes concesiones.
En sintonía con las críticas, Pablo Juliano (Provincias Unidas) adelantó su rechazo al advertir que “con este Súper RIGI ustedes eligen quiénes ganan y quiénes pierden”, mientras que su compañero de interbloque, Jorge Taiana, sentenció que la iniciativa “no es una ley, es un cheque en blanco al Poder Ejecutivo y una profunda cesión de soberanía nacional”.
Martín Lousteau sumó cuestionamientos sobre la falta de delimitación de las actividades beneficiarias y criticó que el texto invite a los inversores a “autoperceptirse” novedosos, manifestando que “el Súper RIGI es la mayor concesión histórica que se va a hacer a este tipo de empresas” y que el costo fiscal será abonado por todas las provincias.
Hacia el cierre de las exposiciones, Silvana Giudici (LLA) defendió la medida como una herramienta para “competir con las mejores y más poderosas potencias del mundo” en áreas como biotecnología e inteligencia artificial, concluyendo que “Argentina tiene derecho a situarse en el mapa del progreso”. Finalmente, el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, justificó la viabilidad del proyecto explicando que “es imposible que este régimen tenga algún costo fiscal porque son actividades que hoy no existen en la Argentina”.