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La Justicia allanó la concesionaria «Fasil Car» en la Capital catamarqueña y liberó a su propietario, Fabián Chávez, bajo restricciones procesales. La causa se unificó en la Fiscalía de Instrucción N° 3.
La investigación penal en torno a la concesionaria «Fasil Car» registró novedades en las últimas horas tras las medidas ordenadas por la Justicia, luego de los incidentes ocurridos el mediodía del jueves en su local comercial de la Capital, según confirmaron fuentes judiciales consultadas por El Ancasti.
El propietario de la firma, Fabián Chávez, recuperó la libertad bajo restricciones procesales. Se ejecutó un allanamiento en el comercio y se dispuso el traslado del expediente a otra fiscalía de instrucción por razones de competencia.
El conflicto se desencadenó cuando un grupo de clientes damnificados se congregó en la agencia de venta de vehículos, ubicada en la zona alta de la ciudad, tras recibir alertas de que el dueño del comercio se disponía a cargar motovehículos y elementos de valor en una camioneta particular que traccionaba un tráiler. Los presentes afirmaron que la movilización tuvo como objetivo impedir el presunto vaciamiento del local y el aparente cierre definitivo del negocio sin respuesta por los capitales invertidos.
Ante el estado de tensión y los cruces verbales, se requirió la presencia de efectivos policiales en el lugar para evitar desmanes. Tras permanecer demorado preventivamente desde el viernes, las autoridades judiciales determinaron otorgarle la libertad a Chávez. El comerciante quedó ligado al proceso judicial, se le exigió la fijación de un domicilio legal y se le impuso la obligación de informar y solicitar autorización ante cualquier salida de la provincia.
En paralelo a su liberación, la Justicia dictó una orden de allanamiento en las instalaciones de la concesionaria. El procedimiento tuvo como objetivo el secuestro de documentación contable, contratos, recibos y registros internos para constatar si los papeles comerciales coinciden con las maniobras denunciadas y verificar las dinámicas del comercio.
Con respecto al futuro de la pesquisa, las fuentes confirmaron que la fiscalía en turno declinará la competencia y que será la Fiscalía de Instrucción N° 3 la que continúe con la causa. La decisión responde a un criterio técnico procesal de acumulación por conexidad: en dicha unidad judicial ya se encuentra radicada una denuncia penal previa contra el mismo comerciante, datada de marzo pasado. Al tratarse de la primera presentación formal que dio origen a la investigación, todas las actuaciones subsiguientes se acoplarán allí.
A ese expediente principal se sumará la oleada de nuevas presentaciones formalizadas ante la Unidad Judicial N° 1 por los damnificados de la Capital, quienes coordinaron acciones para unificar sus reclamos. La problemática posee ramificaciones en el interior provincial. Personas afectadas residentes en Fiambalá y El Alto manifestaron registrar denuncias previas en sus respectivas jurisdicciones y coordinaron el envío de los números de expediente para sumarlos al despacho judicial, aduciendo haber entregado sumas de dinero en efectivo por rodados que nunca les fueron otorgados. El caso tomó estado público a inicios de esta semana tras la presentación de una vecina de Valle Viejo, quien expuso haber abonado la totalidad de una motocicleta cero kilómetro hace cinco meses sin recibir el bien ni respuestas de la firma, aun superando instancias de conciliación obligatoria en Defensa del Consumidor.