El Poder Ejecutivo impulsa la derogación de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales y de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Organizaciones sociales, editoriales y referentes culturales expresaron su preocupación por las consecuencias que estas medidas podrían tener sobre la soberanía territorial y la diversidad cultural.
El Gobierno nacional impulsa la derogación de dos leyes: la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, que limita la compra de campos por parte de extranjeros, y la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que establece el precio único de los libros. Ambas normas se encuentran en análisis por parte del Poder Ejecutivo, según informaron fuentes oficiales.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, fija un tope máximo de 15% de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y departamental. También prohíbe la compra de espejos de agua y zonas de frontera. La norma fue modificada en 2016 mediante el Decreto 820/2016, que flexibilizó los procedimientos de control. En 2023, el DNU 70/2023 derogó la ley en su artículo 154, pero un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) frenó provisoriamente esa derogación en enero de 2024.
Un informe del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias indica que el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.
En Catamarca, el departamento de Tinogasta registra un 27% de tierras en manos foráneas, el porcentaje más alto de la provincia, según datos del Observatorio de Tierras. En la región, el caso más emblemático es el de la empresa Los Poquiteros, que en 2003 adquirió 116.290 hectáreas en el departamento La Paz. Esa operación afectó a entre 170 y 300 familias de pequeños productores, que denunciaron el alambrado de tierras y la deforestación. En 2016, la justicia provincial reconoció el derecho de posesión veinteañal de las familias y frenó el avance de la empresa.
En relación con la Ley del Libro, la Cámara Argentina del Libro y nucleamientos culturales expresaron su preocupación por una posible derogación. La norma, vigente desde 2001, establece un sistema de precio único de venta al público, que garantiza que un libro cueste lo mismo en cualquier punto del país. Desde la Cámara del Libro señalaron que está en peligro la bibliodiversidad y el cierre de librerías independientes y pequeñas editoriales.
El librero Naim Garnica, de “La singularidad del Libro”, afirmó: “Ningún integrante de la cadena de valor del libro ha denunciado ni manifestado la necesidad de modificar esta ley. Ni siquiera las grandes cadenas tradicionales ni los gigantes editoriales internacionales. Llama mucho la atención esta insistencia”.
La escritora María del Rosario Andrada calificó la desregulación como “un golpe a la cultura nacional y la identidad regional”. El escritor Víctor Aybar, de El Guadal Editora, sostuvo que “la desregulación nunca fue buena” y que “está escondiendo la mano oscura de corporaciones como Mercado Libre”.
El Gobierno nacional no ha emitido declaraciones oficiales sobre los plazos ni los alcances de las posibles derogaciones.