La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca rechazó el pedido de prórroga de la prisión preventiva que pesaba sobre Miriam Eugenia Córdoba, acusada de homicidio doblemente agravado. La medida fue adoptada por unanimidad y dispone su libertad bajo pautas de conducta.
La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca rechazó el pedido de prórroga de la prisión preventiva que pesaba sobre Miriam Eugenia Córdoba. La fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, Florencia Reartes Sesto, había imputado a Córdoba por el presunto delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, en calidad de autora”. La víctima era su pareja, Miguel Décima.
El hecho ocurrió el 22 de julio de 2024 en Londres, Belén, cuando Décima sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y murió días después por una falla multiorgánica. Córdoba fue detenida el 2 de agosto de 2024 y, días después, el juez de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, Miguel Piovano, dispuso su prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria. En la misma causa está acusada su hermana, Mariana Julieta Córdoba, por encubrimiento, aunque ella no estuvo privada de su libertad en ningún momento del proceso.
La fiscal Reartes Sesto había solicitado una prórroga de la prisión preventiva, fundamentando que la causa presentaba dificultades probatorias derivadas de la gravedad del hecho y de la actividad probatoria desplegada durante la instrucción. La defensa de Córdoba se opuso a la prórroga, argumentando que no existía peligrosidad procesal que justificara mantener la medida. Entre otras cuestiones, planteó que la acusada nunca intentó fugarse durante los dos años de detención, incluso viajó a Buenos Aires con autorización del MPF y sin custodia policial ni tobillera para acompañar a su hija a atenderse en el Hospital Garrahan. También invocó una falta de perspectiva de género en la investigación fiscal, al sostener que Córdoba habría sido sometida por Décima a violencia física, verbal, psicológica y económica.
El procurador General Tristán Lobo emitió un dictamen a favor de la fiscal Reartes Sesto, pero la Sala Penal no lo tomó como propio. Por unanimidad, los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño resolvieron no hacer lugar a la prórroga y dispusieron que al momento de ordenarse la libertad de Córdoba se fijaran pautas de conducta: fijar domicilio en la Tercera Circunscripción Judicial, presentarse a firmar planilla con regularidad, no entorpecer el proceso y permanecer a disposición de la Justicia, bajo apercibimiento de revocar el beneficio.
En los fundamentos del fallo, la Sala Penal consideró que el propio relato de la fiscal contradecía la premisa de complejidad. Se valoró que la fiscal había detallado que ya estaban incorporados a la causa los informes del Laboratorio Satélite Forense sobre las prendas de vestir de la acusada y de la víctima, y sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, además de un informe remitido desde Salta en marzo de este año. Lo que restaba producir se limitaba a la reconstrucción del hecho, una pericia a la acusada y algunas declaraciones testimoniales. Para los ministros, esas pruebas pendientes “por sí solas, no permiten concluir que la investigación revista la complejidad exigida” para justificar la prórroga.
El fallo calificó el planteo fiscal como una “reedición” de los mismos argumentos utilizados para imponer la prisión preventiva hace dos años, sin indicios concretos y actuales que sostuvieran la persistencia del riesgo procesal. La Sala consideró “infundada” la afirmación de que Córdoba podría presionar a testigos que viven en las inmediaciones de su domicilio, y señaló que la Fiscalía no había aportado ningún elemento que respaldara ese temor.
La resolución remarcó que la gravedad del delito imputado no alcanza, por sí misma, para justificar el encierro preventivo, y que es el Ministerio Público Fiscal quien debe acreditar en concreto el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, los ministros advirtieron que la Fiscalía no logró reunir la prueba necesaria para sostener la prórroga solicitada.