La ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, María Fernanda Rosales Andreotti, expresó su rechazo al uso ‘liviano’ de los pedidos de intervención federal a los poderes provinciales, en declaraciones realizadas durante un streaming de este medio. Un integrante del Poder Judicial provincial, con 20 años de experiencia, coincidió con sus dichos y advirtió sobre los riesgos de la injerencia política en la Justicia.
La ministra de la Corte de Justicia de Catamarca y presidenta de la Sala Penal del Máximo Tribunal provincial, María Fernanda Rosales Andreotti, cuestionó el uso «liviano» de los pedidos de intervención federal a los poderes provinciales, especialmente al judicial, durante un streaming de este medio. Sostuvo que ese tipo de planteos solo pueden realizarse cuando existen causales de extrema gravedad institucional debidamente acreditadas.
Un integrante del Poder Judicial provincial, con 20 años de experiencia en la justicia penal, coincidió con las declaraciones de la ministra y expresó que algunos discursos, bajo la apariencia de preocupación institucional, erosionan los cimientos del Estado de Derecho. Afirmó que sugerir que la Justicia necesita ser «empujada», «garantizada» o conducida por el poder político coloca a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente al avance de otros poderes.
El mismo integrante señaló que la independencia judicial no es negociable y que pretender instalar la idea de que las investigaciones requieren la intervención o supervisión de actores externos al Poder Judicial constituye una forma de presión institucional. Consideró que toda presión sobre la Justicia es incompatible con una democracia constitucional.
Además, calificó como particularmente grave transformar la existencia de debates, hipótesis o tensiones propias de cualquier investigación en un argumento para deslegitimar al sistema judicial. Explicó que el proceso penal no es un relato lineal y que exigir certezas inmediatas o resultados alineados con expectativas políticas implica reclamar subordinación.
En relación con la intervención del Poder Ejecutivo nacional en cuestiones judiciales provinciales, el integrante del Poder Judicial afirmó que invocar esa posibilidad, aunque sea simbólicamente, desconoce el diseño federal argentino. Sostuvo que se trata de una regla básica de organización del poder y que desdibujar esa frontera expone una vocación de injerencia política.
También cuestionó la utilización de expresiones como «clima de miedo» sin sustento concreto. Manifestó que ese tipo de afirmaciones, cuando se generalizan, carecen de rigor y contribuyen a deteriorar la confianza pública. Consideró que instalar miedo sin evidencia es un acto de irresponsabilidad institucional.
El integrante del Poder Judicial concluyó que la democracia se consolida cuando cada poder cumple su rol sin interferencias y que promover la idea de que la Justicia necesita conducción política avala un modelo incompatible con la Constitución. Señaló que no hay atajos virtuosos en este punto y que defender la República exige rechazar esos discursos, incluso cuando se presentan bajo formas moderadas.