La familia de Nelson Fernández inició la demanda civil contra el Estado provincial en julio de 2022. La Fiscalía de Estado contestó en abril de 2023, pero la presentación fue declarada extemporánea por el Juzgado Civil N°1.
La Justicia Civil de Catamarca condenó al Estado provincial a pagar más de 156 millones de pesos más intereses por la muerte de un adolescente de 15 años en la Tragedia de la Alcaidía. En la sentencia, se consignó que la Fiscalía de Estado tardó ocho meses en contestar la demanda y que su presentación fue declarada extemporánea.
El juicio de daños y perjuicios y daño moral fue iniciado por la familia de Nelson Fernández en julio de 2022. Por decreto de ese mes, se ordenó correr traslado al gobernador y al fiscal de Estado, cargo que entonces ocupaba Marcos Denett, por el término de treinta días. La Fiscalía de Estado no contestó la demanda en ese plazo.
En agosto de 2022, la familia amplió la demanda con nuevas pruebas. El 28 de abril de 2023, el Juzgado Civil N°1 dio por decaído el derecho dejado de usar por el Estado provincial, al no haber contestado la demanda dentro del plazo conferido.
En la audiencia preliminar de junio de 2023, los abogados Tomás Hugo Aibar y Noemí Beatriz Denett, representantes del Estado, plantearon que no habían sido vinculados al expediente digital y que esa circunstancia les impedía acceder a la causa. La Justicia desestimó el planteo al constatar que los letrados no realizaron ningún pedido de subsanación, tal como establece el reglamento del Expediente Digital.
En la resolución, se remarcó que los apoderados conocían la digitalización de la causa desde marzo de 2023 y que esperaron aproximadamente dos meses desde su contestación, el 18 de abril, hasta la audiencia del 15 de junio para manifestar que no tenían acceso al sistema.
La sentencia civil se suma a la decisión de la Corte de Justicia de Catamarca que, en noviembre de 2023, declaró la insubsistencia de la acción penal y dictó el sobreseimiento de los cuatro policías imputados por la tragedia: Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Juan Carlos Reyes y Adriana del Valle Galván. En ese fallo, la Corte señaló que el Ministerio Público Fiscal contribuyó a la demora del proceso, que se extendió por casi quince años.
El caso estuvo listo para el debate oral desde febrero de 2018, pero la audiencia se suspendió en siete oportunidades: tres por pedido de las defensas, una de oficio y tres por pedido del Ministerio Público Fiscal. La Corte consideró que se vulneró el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable.
El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue rechazado por la Corte local. En julio de 2024, el MPF recurrió en queja ante la Corte Suprema con la intención de revocar el sobreseimiento y que se realice el juicio.