El desprendimiento de una masa de hielo en el Himalaya provocó una inundación con daños materiales y víctimas. Organizaciones ambientalistas y científicos argentinos señalan la necesidad de revisar la normativa vigente sobre glaciares.
El colapso de un fragmento de glaciar en el Himalaya, en Nepal, desencadenó un flujo de agua y sedimentos que afectó edificios, puentes y viviendas. Las causas del desprendimiento aún están bajo investigación.
Greenpeace Argentina emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por los posibles efectos de proyectos mineros en zonas de montaña. La organización señaló que el episodio en Nepal evidencia la vulnerabilidad de los ambientes de alta montaña frente al cambio climático y cuestionó la reducción de la protección de glaciares y ambientes periglaciales en Argentina.
En mayo pasado, tras la promulgación de la modificación de la Ley 26.639, organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Federal de La Pampa. La iniciativa, respaldada por más de 850.000 personas, solicita una medida cautelar y plantea la inconstitucionalidad de la reforma.
Greenpeace Argentina señaló que el caso de Nepal constituye una advertencia y que Argentina aún puede optar por proteger sus glaciares y ecosistemas.
El glaciólogo Javier Grosfeld, investigador del IPATEC (CONICET), recordó un evento ocurrido en 2009 en Bariloche, cuando un lago glaciar al pie del Ventisquero Negro aumentó su volumen tras lluvias intensas y provocó un alud en el cerro Tronador. El torrente arrastró bloques de hielo hasta el lago Mascardi y dejó aislados a pobladores de Pampa Linda.
Grosfeld subrayó la necesidad de profundizar los estudios sobre inundaciones por vaciamiento de lagos glaciares (GLOF) para su prevención.
La reforma de la Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010, habilita a las provincias a autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales si consideran que no contienen reservas estratégicas de recursos hídricos. Organizaciones ambientalistas advierten sobre posibles decisiones discrecionales.
El coordinador del área legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Cristian Fernández, declaró a la agencia EFE que la minería en estos ecosistemas puede generar problemas, como el uso de explosivos y la construcción de diques de cola con riesgo de filtración de sustancias químicas.
El abogado ambientalista y presidente de la AAAA, Enrique Viale, explicó que Argentina se encuentra en una región sísmica y que los grandes emprendimientos mineros están ubicados en la zona cordillerana. Mencionó las minas Veladero y Vicuña, en San Juan, y señaló que los diques de cola podrían ceder ante un sismo de magnitud.
Rossi Serra, de Greenpeace Argentina, indicó que los glaciares contienen el 70% del agua dulce del planeta y que entre el 18% y el 20% de los argentinos depende del agua de deshielo de glaciares y ambientes periglaciales.
La causa judicial cuenta con un antecedente: en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 en un fallo sobre una demanda presentada por la minera Barrick Gold y la provincia de San Juan. En esa sentencia, el tribunal afirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y que los derechos colectivos prevalecen sobre otros intereses en contextos de conflicto.
Fernández afirmó que la reforma es inconstitucional y que buscarán que el tema esté en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027, impulsando una ley que restablezca la protección de los glaciares. Concluyó que tragedias como la de Nepal deben ser consideradas como una señal.