La tercera anulación de la elevación a juicio en el caso Paucará, los reveses en una causa por doble abuso sexual y la situación procesal del diputado Javier Galán marcan la agenda judicial de la provincia.
La tercera anulación de la elevación a juicio del caso Paucará se conoció esta semana, en un contexto de demoras y nulidades en varios expedientes judiciales de Catamarca. Las causas por el doble abuso sexual ocurrido en 2018 y la investigación sumaria contra el diputado Javier Galán también presentan demoras.
El caso Paucará se refiere a las golpizas y torturas denunciadas por Ricardo Paucará en la Comisaría Décima el 20 de julio de 2015. Como consecuencia, Paucará fue sometido a cirugías en las que se le extirparon varios metros de intestino. La elevación a juicio fue anulada por tercera vez debido a defectos en el requerimiento del fiscal. Las anulaciones anteriores también se debieron a ese motivo, aunque los fiscales y jueces de Garantías eran otros.
Los abogados de los cinco policías acusados solicitaron el sobreseimiento de sus clientes y plantearon la recusación de la jueza de Garantías, a quien atribuyen adelanto de opinión.
En la causa por doble abuso sexual, ocurrida en julio de 2018 en una vivienda de Sumalao, dos acusados fueron condenados a diez años de prisión en mayo de 2023 por la Cámara de Sentencia en lo Criminal Nº 2. La Sala Penal de la Corte de Justicia anuló la sentencia en dos oportunidades por considerar que no estaba suficientemente fundada. El tribunal, con nueva composición, debe dictar un nuevo fallo. La audiencia fue postergada para el 15 de septiembre. Esta semana, uno de los sospechosos denunció a la joven denunciante.
En el caso del diputado Javier Galán, la Justicia de Garantías aún no solicitó su desafuero a la Cámara de Diputados. La defensa del legislador presentó recursos que incluyeron la recusación del juez, el planteo de caducidad del procedimiento y la apelación a un pedido de desafuero. La Cámara de Apelaciones rechazó la caducidad y declaró inconstitucional el artículo del Código de Procedimientos que fija en dos meses el plazo para la investigación sumaria. La misma Cámara debe expedirse sobre la apelación al pedido de desafuero. El abogado del diputado anticipó que recurrirá a la Corte de Justicia si es necesario.
El diputado Galán tiene causas penales abiertas desde abril por abuso sexual, peculado de servicios, exacciones ilegales y amenazas, según denuncias de cuatro personas. El proceso penal no puede avanzar mientras el legislador esté protegido por fueros. El desafuero es un procedimiento político que requiere mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.