Un análisis sobre el lugar de la niñez en los conflictos judiciales por violencia intrafamiliar y el debate en torno a un proyecto de ley que propone crear un registro de personas denunciadas por obstaculizar el vínculo entre progenitores e hijos.
En junio de 2014, un fallo de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación definió a la violencia contra las mujeres como “un fenómeno grave, un problema social que afecta no sólo su progreso personal, sino el de su familia, su país, en fin a toda la sociedad que la rodea”. También la consideró “un obstáculo a la evolución de las naciones”. Esa definición permite salir de una mirada individual de la violencia. No se trata solamente de lo que le sucede a una mujer. La violencia atraviesa vínculos, hogares, proyectos de vida y comunidades y, cuando hay niñas, niños o adolescentes en ese entramado, también alcanza sus derechos, no necesariamente porque hayan sido víctimas directas de una agresión. A veces alcanza con vivir en un contexto de violencia, crecer entre amenazas, controles, denuncias, incumplimientos, medidas judiciales y conflictos que parecen no terminar nunca.
La respuesta jurídica no es sencilla. Escuchar a la niñez es dar voz propia a las personas más importantes. En el afán de garantizar su interés superior no se trata de hablar por ella o en su nombre. Escuchar a la niñez es reconocer que tiene algo que decir y que su opinión debe ser considerada, de acuerdo con su edad y grado de madurez, al momento de tomar una decisión que afectará su vida.
La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el Código Civil y Comercial reconocen su derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Eso tampoco significa convertir a niños, niñas y adolescentes en jueces de un conflicto que no les corresponde resolver.
Chicos y chicas no deberían ser colocados en el lugar de mensajeros, árbitros o instrumentos de una disputa adulta: tienen derecho a ser escuchados, no a cargar con el conflicto de los adultos. La niñez no debería estar en el centro del conflicto, sino en el centro de la protección de sus derechos.
Escuchar es generar las condiciones para que puedan expresarse libremente. Es garantizar que su palabra sea recibida con las herramientas adecuadas. Es comprender que esa palabra se construye dentro de una historia familiar determinada y que debe ser valorada junto con las demás circunstancias del caso. Sobre todo, es recordar que el centro del expediente no son los adultos enfrentados, sino los derechos de los menores. Los hijos no son trofeos de guerra ni propiedad de nadie, sino personas.
Cuando la violencia de los adultos llega hasta ellos, la Justicia tiene una obligación que va más allá de resolver quién tiene razón en una disputa familiar: debe decidir qué protege mejor sus derechos. En este contexto también resulta inevitable mirar el debate que generó el proyecto de ley que propone crear un registro de personas denunciadas por impedir u obstaculizar el vínculo entre progenitores e hijos. La iniciativa despertó rechazo en distintos sectores, por el riesgo de convertir una problemática compleja en una respuesta automática y por las consecuencias que podría tener cuando existen situaciones de violencia familiar o de género.
Si algo debería evitar cualquier política pública vinculada con la niñez es volver a poner a los niños en medio de una pelea que no es la suya. No se trata de elegir entre “madres” y “padres”, ni de presumir que toda interrupción del vínculo es violencia. Se trata de mirar cada historia, escuchar a cada niño y decidir con perspectiva de derechos.