Amalaya S.A. difundió un comunicado el 8 de septiembre agradeciendo el apoyo de comunidades originarias de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco. La comunidad de Peñas Negras presentó una denuncia por violencia y hostigamiento el 6 de septiembre. El proyecto de prospección minera en Villa Vil, departamento Belén, genera posiciones divergentes entre las comunidades de la zona.
La empresa minera Amalaya S.A. emitió un comunicado el 8 de septiembre en el que agradeció el respaldo de las comunidades originarias de Aguas Calientes, Carachi, La Angostura y Corral Blanco, y de sus respectivos caciques, al trabajo de prospección que realiza en el paraje Aguas Calientes, localidad de Villa Vil, norte del departamento Belén.
En el documento, la empresa informó que personal y vecinos de Aguas Calientes que colaboraban en tareas de muestreo superficial fueron atacados con piedras y hondas lanzadas desde las alturas por un grupo de personas no identificadas, a las que describió como ajenas a la zona y autoproclamadas de una comunidad denominada «Peñas Negras». Amalaya S.A. señaló que ese grupo carece de existencia registral y personería reconocida. El hecho interrumpió el trabajo y dejó a una persona de Aguas Calientes herida, trasladada a un centro asistencial. La empresa indicó que personal policial se presentó en el lugar y tomó las denuncias correspondientes. Amalaya S.A. anunció que formalizará denuncias penales contra los responsables y afirmó que la minería «es y seguirá siendo una actividad lícita, de trascendental importancia» y que Catamarca continúa entre las provincias con mayor producción y exportación de minerales del país.
La comunidad de Peñas Negras presentó una versión opuesta. El domingo 6 de septiembre, su representante legal, Andrea Morales Leanza, solicitó la intervención de la Fiscalía Penal de Belén por hechos de violencia, amenazas y hostigamiento que, según denunció, se habrían producido en el territorio comunitario. La presentación reclamó medidas urgentes para resguardar la integridad física de los comuneros y que personal judicial se traslade al lugar para recibir testimonios, preservar evidencia y constatar lesiones. También pidió que se determine la identidad de personas que, de acuerdo con la denuncia, ingresarían al territorio sin autorización. La letrada agregó que algunas circularían en motocicletas sin identificación visible y sin exhibir orden judicial que justificara su presencia allí.
En declaraciones a Mañana Central, de Ancasti Streaming, la abogada describió la situación como «catastrófica» y afirmó que el territorio permanece cercado, sin posibilidad de ingreso desde Laguna Blanca. Cuestionó la validez legal de los pedimentos mineros otorgados este año, por carecer de informe de impacto ambiental y de la consulta previa a la comunidad indígena. Detalló que el conflicto afecta de manera directa a unas 36 familias de Peñas Negras y, junto a la vecina comunidad salteña de Jasimaná, a alrededor de 1.000 personas. Dijo haber presentado el reclamo ante la Fiscalía de Belén, con copia al Fiscal General y a la Procuración de la Corte, sin recibir acompañamiento ni la custodia policial que solicitó para trasladarse por la ruta habitual; por ese motivo, terminó ingresando al territorio por la localidad salteña de Jasimaná.
Un diálogo que no se cierra
El cacique Bernardo Gutiérrez, de la comunidad de La Angostura, una de las cuatro agradecidas por Amalaya S.A., relató que se había gestionado una reunión entre caciques, autoridades municipales y el Ejecutivo provincial para el domingo pasado, mediada por el delegado municipal de Villa Vil. El encuentro, dijo, se canceló a último momento porque el «cacique Sebastián» —en alusión al referente que impulsa el reclamo— rechazó el diálogo. El dirigente insistió en los reclamos históricos de su comunidad: caminos, energía eléctrica y un colegio secundario propio en Aguas Calientes, y evitó avalar las denuncias de represión policial: dijo haber visto, a la distancia, gritos entre ambos sectores y a la Policía acercarse para bajar la tensión.
El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Juan Carlos Ledesma, coincidió en el diagnóstico de una comunidad dividida. Según explicó, en la zona hay cinco comunidades originarias con personería jurídica reconocida, todas favorables a la minería, mientras que el sector que protesta sería una escisión de una de ellas. El legislador remarcó que esa comunidad corta no solo el tránsito de camiones, sino también el paso de trabajadores que, subrayó, pertenecen a su vez a comunidades originarias de otras localidades de la provincia. Sostuvo que, de acuerdo con lo que averiguó con las autoridades, no se registraron episodios de violencia ni disparos, aunque de todos modos solicitará informes al área de Seguridad provincial. Llamó a «conversar, dialogar y tratar de aunar criterios» para alcanzar un punto intermedio, y remarcó que en toda negociación «tienen que ceder ambas partes».