La ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, negó que se hayan producido hechos de violencia en el conflicto entre la comunidad de Peñas Negras y la empresa Amalaya, y afirmó que el proceso de aprobación de la prospección fue legal y respetó la voluntad de los pobladores. Por su parte, la diputada nacional Fernanda Ávila sostuvo que el acercamiento de la minería a nuevas comunidades debe hacerse «de manera prudente» y llamó al diálogo. El diputado Nicolás del Caño presentó un proyecto de resolución en el Congreso en solidaridad con Peñas Negras.
La ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, descartó que se hayan producido hechos de violencia en el conflicto entre la comunidad de Peñas Negras y la empresa minera Amalaya, sostuvo que todo el proceso de aprobación de la prospección fue legal y respetó la voluntad de los pobladores. En declaraciones a la prensa, en la previa de la Expo Productiva Catamarca, la funcionaria explicó que las concesiones autorizadas -Aguas Calientes 1, 2 y 3- se emplazan en territorio de Aguas Calientes y no en el de Peñas Negras, donde la actividad no fue habilitada por el rechazo de sus habitantes.
Según detalló Regalado, la comunidad de Aguas Calientes, reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuenta con un mapa y un censo propios. De ese conjunto se escindió, tiempo después, el grupo que se autodenomina Peñas Negras, cuyo proceso de conformación como comunidad originaria independiente todavía no está resuelto. La funcionaria remarcó que la provincia llevó adelante un proceso participativo para difundir las propuestas de prospección de Amalaya, que posee tres zonas de concesión: una próxima a Aguas Calientes, al norte, y otras dos al este y al noreste.
La ministra precisó que solo se aprobaron las actividades cercanas a Aguas Calientes, donde 32 familias dieron su conformidad, mientras que en el territorio que ocupa estacionalmente Peñas Negras no se habilitó ninguna tarea, tras una reunión en la que sus integrantes expresaron su oposición. «Es un derecho de la comunidad de Aguas Calientes trabajar», sostuvo y recordó que varios de sus miembros recibieron capacitaciones del Colegio de Ingenieros de Minas para la prospección.
Consultada sobre las denuncias de represión difundidas en videos y el pedido de que el Poder Ejecutivo frene la situación, Regalado negó acciones de violencia y afirmó que intervienen de manera conjunta el Ministerio de Minería, el Ministerio de Gobierno, el Centro de Control Minero y la Policía, con el objetivo de que los trabajadores contratados en su mayoría lugareños accedan al área de prospección.
«El problema es que en muchas ocasiones el acuerdo de sí, juntémonos para dialogar, a veces no concluye, entonces se hace complicado y difícil», señaló y remarcó que buscarán una salida «con diálogo» y «sin violencia», dentro del marco legal vigente.
Antes de cerrar su intervención, Regalado volvió a remarcar el respaldo legal de todo lo actuado en el conflicto. «Es legal, es lícito todo el proceso social que se hizo y toda la autorización y el permiso que tiene Aguas Calientes, esas concesiones y la empresa Amalaya para trabajar y los trabajadores del área de influencia para trabajar», sostuvo la funcionaria, en referencia tanto al proceso de consulta comunitaria llevado adelante en la zona como a las concesiones otorgadas sobre el territorio de Aguas Calientes y a la habilitación que permite a los trabajadores contratados por la empresa ingresar al área de prospección sin inconvenientes.
Por su parte, la diputada nacional Fernanda Ávila se refirió al conflicto en diálogo con el programa Tiempo Real de Ancasti Streaming, donde aclaró que no sigue el tema de manera directa y que su último contacto con la problemática data de su gestión como ministra de Minería provincial, hace unos cinco años.
Aun así, consideró que el acercamiento de la minería a nuevas comunidades debe hacerse «de manera prudente» y remarcó la necesidad de respetar las decisiones de los pobladores y de brindarles información correcta sobre las tareas, los beneficios y las etapas de un eventual proyecto.
La legisladora explicó que un proyecto minero puede demorar hasta 30 años desde su descubrimiento hasta su desarrollo y que esa ventana de tiempo muchas veces no es comprendida por las comunidades, que pueden interpretar que una primera prospección conducirá rápidamente a un proyecto en marcha. Ávila agregó que la decisión de avanzar o no con la minería debe surgir del diálogo entre las comunidades y el gobierno provincial, al que calificó de prudente en su manejo histórico de estas situaciones y confió en que el conflicto derive en un buen entendimiento a partir de una conversación genuina.
Proyecto en el Congreso
El conflicto también tuvo repercusión a nivel nacional. El diputado Nicolás del Caño presentó, junto a su bancada, un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación en solidaridad con la comunidad de Peñas Negras, en el que se expresa «el más firme repudio» al accionar de la Policía de Catamarca a cargo, según remarca el texto, del gobernador Raúl Jalil y se denuncian hechos de «violencia, hostigamiento, persecución e intimidación» contra los integrantes de la comunidad y el equipo técnico de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén. En un comunicado, el legislador convocó a que «se respeten sus derechos» y remarcó: «No a la represión».
La iniciativa exige el cese de toda forma de violencia contra la comunidad y pide el fin del uso de las fuerzas de seguridad como custodias del avance minero. En sus fundamentos, el proyecto denuncia la vulneración del derecho a la consulta libre, previa e informada y cuestiona irregularidades en el Informe de Impacto Ambiental que fundamentó la habilitación de los trabajos de exploración, por la falta de una evaluación integral, acumulativa, social, antropológica, hídrica y ambiental.
Por último, la resolución insta a las autoridades a garantizar los derechos reconocidos a la comunidad por la Constitución Nacional, y el Acuerdo de Escazú, solicita que, mientras esos derechos no estén garantizados, se suspenda toda actividad minera que pueda afectar el territorio de Peñas Negras.