El 15 de julio de 2000, un ómnibus con 73 pasajeros cayó en la Cuesta de El Totoral. La investigación determinó fallas mecánicas, sobrecarga y coimas. En 2024, la Corte Suprema revocó una indemnización de $30.000 por considerarla arbitraria.
Este lunes se cumplen 24 años de la caída de un ómnibus en la Cuesta de El Totoral, el siniestro vial con mayor cantidad de víctimas fatales en la historia de Catamarca y uno de los más graves del país. El hecho ocurrió el domingo 15 de julio de 2000, cuando un micro de la empresa «29 de Agosto» que transportaba a peregrinos desde San Fernando del Valle hacia Concepción de Tucumán perdió los frenos y desbarrancó.
El vehículo, un Scania V112 modelo 1987, carecía de habilitación de la Secretaría de Transporte de la Nación y municipal, y tenía la póliza de seguro vencida. Según la investigación judicial, viajaba con 73 pasajeros a bordo pese a tener capacidad autorizada para 48 personas. Varios ocupantes viajaban en el pasillo sobre reposeras y sillas de madera, y había niños pequeños en brazos.
La causa judicial acreditó que el ómnibus sorteó los controles camineros: pasó el puesto de Huacra (Tucumán) luego de que el propietario del vehículo pagara una coima a los policías Manuel Garzón y Héctor Luján, y no fue controlado del lado catamarqueño. Estas irregularidades derivaron en condenas por cohecho activo, pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El siniestro se produjo cuando el sistema de frenos colapsó por completo al cruzar el paraje conocido como «Puesto de la Viuda». Durante casi un kilómetro y medio en descenso sinuoso, el Scania alcanzó más de 70 kilómetros por hora. Los choferes intentaron sin éxito forzar la palanca de cambios para rebajar marchas. Al salir de una curva, el conductor se encontró de frente con un camión que ascendía; en una maniobra para eludir el choque frontal, dio un volantazo hacia la banquina derecha. El micro embistió el guardarraíl, lo arrancó y voló en el vacío cerca de diez metros antes de impactar contra el cerro y desbarrancarse más de 40 metros.
Como consecuencia, 47 personas fallecieron de forma casi instantánea. Con el correr de los días, el saldo ascendió a 49 víctimas fatales. Los testimonios de rescatistas de la Dirección de Bomberos describen la magnitud del operativo. El suboficial retirado Sergio Romero relató que al llegar al puesto caminero de El Portezuelo se enteraron de que no era un auto sino un colectivo colmado de familias. La cuesta estaba incomunicada por falta de señal telefónica y debieron modular por radio policial para pedir apoyos masivos y ambulancias.
«No se podía pisar bien porque era inestable el terreno y la pendiente era muy pronunciada. Literalmente bajamos por medio del tacto y por lo que escuchábamos, los sonidos del pedido de auxilio para llegar a ese lugar», declaró Romero. Al encender los reflectores del móvil, el panorama fue desolador: «Nunca había vivido hasta ese momento ver tantos cuerpos desparramados, diseminados hacia la vuelta». El rescatista recibió asistencia psicológica y recordó que pasó cuatro o cinco días sin conversar.
El bombero Luis Raúl Avendaño descendió apenas 15 metros cuando se cruzó con una cuadrilla que subía a una menor rescatada con signos vitales pero heridas cortantes graves en la espalda. La niña entró en paro cardiorrespiratorio al ser depositada en una ambulancia. Avendaño describió: «Caminabas y chocabas con cuerpos». El colectivo había despedido pasajeros durante la caída.
El comisario Martín Castelli relató que rescataron a una joven aplastada que estaba viva: «La sacamos viva. Veíamos que tenía cortes en la parte de atrás y le veíamos el pecho, cómo respiraba y brotaba la sangre». Luego vino la etapa más dura: «Después de ver a las personas vivas, era cómo sacar a las que habían fallecido. La única forma era a través de una grúa. Reuníamos los cuerpos de a tres, los envolvíamos y los subían a la ruta».
En el fuero penal, la investigación comprobó que el micro carecía de frenos aptos, no tenía seguro ni habilitación, viajaba con sobrecupo y el chofer no poseía licencia habilitante. El dueño de la unidad, Raúl Oyola, fue condenado por cohecho activo junto a los policías Garzón y Luján. Sin embargo, las penas de prisión efectiva se diluyeron con el paso del tiempo.
En el terreno civil, una demanda iniciada por los deudos de una de las víctimas fatales contra Oyola, los policías y la Provincia de Tucumán fijó una indemnización de $30.000 por la pérdida de una madre. La Cámara en lo Contencioso Administrativo provincial convalidó esa cifra y distribuyó culpas en porcentajes. El expediente escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a fines de 2024 revocó la sentencia por considerarla abiertamente arbitraria e «insignificante», advirtiendo que el cálculo carecía de fundamento real y desnaturalizaba el derecho al resarcimiento.