El RIGI y la constitución de mesas del litio y el cobre reflejan un cambio estructural en el poder de decisión sobre la minería. Catamarca controla YMAD y participa en debates sobre regalías y glaciares.
El auge de las inversiones mineras, estimulado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), encuentra a las provincias en una situación sin precedentes en términos políticos. Por primera vez concentran el poder de decisión sobre sus recursos, sin las interferencias del poder nacional que fueron clásicas desde que la megaminería debutó en la Argentina con Bajo La Alumbrera.
La constitución de las mesas del Litio y del Cobre es consecuencia de este empoderamiento frente a la Casa Rosada. También los cambios introducidos en la Ley de Glaciares, que otorga a los Gobiernos provinciales la potestad de establecer las áreas periglaciares en las que no pueden desarrollarse actividades mineras y productivas. En el caso de Catamarca, se suma la toma del control sobre el gerenciamiento de YMAD, con la mayoría del directorio en manos de la Provincia tras la salida de la Nación del esquema empresario.
La intervención de la administración nacional en el circuito de las inversiones se limita a la autorización para que los proyectos mineros se acojan al RIGI. A partir de allí, el vínculo de los grandes emporios es con los gobiernos provinciales.
Este cambio estructural de fondo se produce en un contexto en el que la minería no ha sido la excepción en la puja por el control de los recursos. Catamarca es un ejemplo: en la década del ’90, la administración nacional encabezada por Carlos Menem tuvo una gravitación central en la política minera, con acceso restringido para la Provincia hasta que el riojano dejó la Casa Rosada.
Un indicio de la importancia del tema tomó estado público a fines de 2024, en el marco de la multimillonaria transacción por la que Rio Tinto adquirió Arcadium, de la que Livent tenía el 44%. Entre lo que adquirió Rio Tinto estuvo el yacimiento de litio pionero en el Salar del Hombre Muerto. La Provincia no recibió ingresos por la operación porque se habían modificado las condiciones del contrato original, que impedía a los privados ceder los derechos adquiridos sin autorización expresa del Estado provincial. Esa condición se había establecido en el convenio original, aprobado por la Legislatura en marzo de 1991, vísperas de la Intervención Federal al gobierno de Ramón Saadi. El impedimento se anuló en 2017.
Durante los gobiernos kirchneristas se presentaron proyectos en el Congreso para nacionalizar el recurso que no prosperaron.
La Constitución de 1994 establece que la propiedad originaria de los recursos mineros es de las provincias. La autonomía minera es la última estribación de un largo camino que se inició con la sanción de la ley nacional de Inversiones Mineras en 1993.
El diseño que se afianza entraña oportunidades y desafíos como riesgos. Un ejemplo de las proyecciones más nocivas es lo ocurrido con el proyecto Vicuña, en la cordillera de San Juan. Apalancado en las facilidades para las importaciones del RIGI, el gigante a cargo del emprendimiento compró todo su campamento prefabricado a una firma china, cuya oferta fue imposible de mejorar por competidores nacionales.
Episodios como el sanjuanino marcan la necesidad de articular políticas provinciales y regionales para neutralizar los perjuicios que provocan a la industria y la producción. El desafío pendiente es que las riquezas mineras no se reduzcan a las exiguas regalías que pagan los emprendimientos, sino que se traduzcan en calidad de vida, trabajo e ingresos para la sociedad.