La norma establece un registro bajo la órbita del Poder Judicial, un certificado negativo obligatorio para trabajar con menores o personas vulnerables y plazos de inscripción de 20 y 30 años. Las denuncias por delitos contra la integridad sexual en la Primera Circunscripción Judicial aumentaron un 238% entre 2014 y 2023.
La Cámara de Senadores de Catamarca sancionó en su última sesión la Ley 5967, que crea el Registro Público Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. La norma fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial, y su reglamentación estará a cargo de la Corte de Justicia provincial dentro de los 180 días posteriores a esa publicación.
El registro funcionará en el ámbito del Poder Judicial y centralizará la información de personas con sentencia por delitos previstos en el Libro Segundo, Título III del Código Penal. La autoridad de aplicación será la Corte de Justicia de Catamarca.
Fundamentos y alcance
El proyecto original fue impulsado por los diputados Exequiel Moreno y Natalia Saseta. En sus fundamentos, los legisladores sostuvieron que la protección de las víctimas de delitos contra la integridad sexual es una prioridad en toda sociedad democrática y que el registro permitirá a las autoridades contar con información precisa para adoptar medidas de prevención y control. También señalaron que la provincia busca complementar la Ley Nacional 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales, cuyo alcance se limita a la identificación genética.
Inscripción y acceso a los datos
La inscripción será provisoria desde la sentencia de primera instancia y definitiva cuando la condena quede firme. Quienes reincidan quedarán inscriptos de forma permanente y vitalicia.
La ley distingue dos niveles de acceso. Un portal web de consulta libre y gratuita mostrará nombre, foto, delito, tribunal interviniente y si la sentencia está firme o recurrida, sin domicilio. El acceso a la totalidad de los datos —domicilio, DNI y perfil genético— quedará reservado a autoridades judiciales, al Ministerio Público y a organismos públicos en ejercicio de sus funciones.
Certificado Registral Negativo
La norma crea el Certificado Registral Negativo, obligatorio para acceder a cargos docentes, tareas de cuidado de niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores, actividades deportivas o culturales con menores y designaciones en los tres poderes del Estado. No exigirlo constituirá falta grave.
Plazos y condenas anteriores
Los plazos mínimos de inscripción serán de 30 años cuando el delito haya sido cometido contra un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, y de 20 años en los demás casos, contados desde la sentencia de primera instancia. Vencidos esos plazos, la persona podrá pedir la revisión de su situación ante el juez interviniente.
Una disposición transitoria alcanza a condenas anteriores a la sanción de la ley: los tribunales deberán relevar de oficio, dentro de los 60 días de reglamentada la norma, las sentencias dictadas contra personas que aún cumplan pena, estén en libertad condicional o asistida, prisión domiciliaria o con condena de ejecución condicional.
Datos sobre denuncias y víctimas
Entre 2014 y 2023, las denuncias por delitos contra la integridad sexual en la Primera Circunscripción Judicial —que abarca Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo— aumentaron un 238 por ciento. En 2014 se registraron 167 denuncias, la mayoría por abuso sexual. En 2023 la cifra llegó a 565: 484 por abuso, 41 por acoso, 29 por exhibiciones obscenas y 11 por grooming, delito incorporado al Código Penal en 2013.
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, niños, niñas y adolescentes representan el 58% de las víctimas de abuso sexual en el país, y seis de cada diez víctimas son niñas. En el 85% de los casos, el agresor es una persona cercana a la víctima.
Fiscales de las Cámaras de Sentencia en lo Criminal consultados oportunamente por El Ancasti señalaron que en los casos que llegan a juicio se advierte un incremento de situaciones intrafamiliares y de abusos crónicos, sostenidos en el tiempo por la cercanía y la confianza que la víctima tiene con su agresor. Coincidieron en que rara vez el agresor es un desconocido.
Los fiscales remarcaron que los agresores suelen actuar con cautela: ganan la confianza de la víctima y de su entorno con gestos de cercanía, para luego aislarla de su familia y amigos, lo que dificulta que la situación se conozca. Por eso insistieron en que el diálogo abierto y sostenido dentro de la familia es una de las principales herramientas para detectar señales de alerta a tiempo.
En números
- 238% de aumento de denuncias por delitos contra la integridad sexual entre 2014 y 2023 en la Primera Circunscripción Judicial.
- 565 denuncias por estos delitos en 2023, contra 167 en 2014.
- 85% de los casos, el agresor es una persona cercana a la víctima, según datos nacionales.
- 87% de los delitos sexuales no llega a denunciarse, según la Encuesta Nacional de Victimización.