El juicio por jurados previsto para el lunes 28 de septiembre contra María Gilda Márquez y María Eugenia Castro, acusadas por el intento de homicidio de Roxana Murúa, fue postergado luego de que una de las imputadas cambiara de defensor. Ambas permanecen detenidas en la Unidad Penitenciaria Nº 2 desde enero de 2025.
El juicio por jurados por el intento de homicidio de Roxana Murúa, que estaba previsto para el lunes 28 de septiembre según la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, fue postergado. La suspensión se dispuso después de que una de las acusadas cambiara de representante legal. La defensa solicitó tiempo para estudiar el caso.
María Gilda Márquez está imputada por el presunto delito de “homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa”. Su madre, María Eugenia Castro, enfrenta la misma acusación en calidad de partícipe necesaria, junto con Facundo Ariel Monasterio. Los tres compartirán el banquillo de los acusados.
El hecho ocurrió en enero de 2025 en el Salón de Usos Múltiples del Barrio 140 Viviendas, en El Bañado, Valle Viejo. Según la investigación, el episodio se originó por una discusión entre el hijo de Murúa, de 13 años, y un adolescente de 16. Este último habría regresado al lugar junto con Márquez, Castro y Monasterio. Los sospechosos portaban varillas de hierro; Márquez habría llevado además un cuchillo tipo “sierrita”. Cuando Murúa intentó proteger a su hijo, Castro la habría golpeado en la mandíbula y la nuca con un fierro, mientras que Márquez, aprovechando que la mujer quedó indefensa, la habría apuñalado varias veces, entre ellas en el tórax. Murúa fue internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su vida corrió peligro.
Debido a la presunta participación de un adolescente, la causa fue remitida al Tribunal Penal Juvenil y la investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Narváez. La Cámara de Apelación Penal Juvenil sobreseyó al chico imputado y la causa fue elevada a juicio con tres acusados adultos. El expediente fue remitido a la OGA para la realización de un juicio por jurados.
Inicialmente, madre e hija compartían como defensor al abogado Iván Godoy. Castro cambió de representante legal y ahora es asistida por el abogado Mario Nieva. El camarista Miguel Lozano Gilyam es el juez director del juicio. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara Augusto Barros.
Madre e hija están detenidas desde enero de 2025 con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Nº 2, conocida como Correccional de Mujeres. Habían solicitado el cese de la detención o, en su defecto, la prisión domiciliaria.
Según un acta del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) con fecha del 29 de junio, se registró un incidente en el pabellón de imputadas: Márquez y Castro arrojaron sillas, mesas y elementos personales por el pasillo, profirieron amenazas contra el personal y agredieron físicamente a varias agentes con golpes de puño y patadas. Castro, según el acta, intentó además atacar con un cepillo de dientes afilado en punta. El hecho derivó en la sedación de ambas por vía intramuscular. Esa misma noche se presentaron al menos seis denuncias penales cruzadas por integrantes del personal penitenciario ante la Unidad Judicial Nº 5.
Tras el episodio, el SPP gestionó cupo en La Rioja, que respondió afirmativamente el 2 de julio. La institución riojana puede dar alojamiento transitorio por tres meses, prorrogable, condicionado a que las internas respeten la disciplina interna. El pedido invocó “conductas reiteradas de inadaptación al régimen interno vigente” que, según el escrito, comprometen la seguridad, la disciplina y el orden del establecimiento, en los términos de la Ley Nacional 24.660 de Pena Privativa de la Libertad. El fiscal de Cámara Augusto Barros pidió que las acusadas sean alojadas en la Comisaría de la Mujer.
El juez Lozano Gilyam rechazó el pedido del SPP de trasladarlas al Servicio Penitenciario de La Rioja y el planteo del fiscal Barros de alojarlas en la Comisaría de la Mujer. La Sala Penal de la Corte de Justicia rechazó por mayoría el recurso de casación presentado por la defensa, que solicitaba el cese de la prisión preventiva. Los ministros Martel y Saldaño sostuvieron que la resolución cuestionada había dado razones concretas y suficientes —el intento de fuga en los primeros momentos de la investigación, el ocultamiento de elementos del delito y el carácter violento del hecho atribuido— y que la defensa no logró rebatirlas con fundamentos jurídicos válidos. Ambos votos confirmaron que las imputadas seguirán detenidas hasta el juicio por jurados.