La mora provincial superó en cuatro puntos el promedio nacional, que fue del 18,1%. La Rioja encabezó el ranking con 26%, seguida por Santa Cruz, San Luis, San Juan y Catamarca, según un informe del Instituto Argentina Grande.
La provincia de Catamarca cerró julio con una morosidad del 22,1% del monto adeudado y quedó entre las cinco jurisdicciones con mayor irregularidad en el pago de deudas del país, empatada con San Juan. El dato surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central.
El indicador provincial mide qué proporción del monto adeudado está en situación irregular. Para el total del sistema, bancario y no bancario, el registro fue de 18,1%, por lo que la cifra local quedó cuatro puntos por encima del promedio nacional, que un año antes era de 7,8%. En agosto, El Ancasti había informado una mora por monto del 21,8% para la provincia, 4,3 puntos por encima de la media del país (17,5%). Con ese registro, Catamarca ocupaba el cuarto lugar del ranking.
Al tope del listado de julio quedó La Rioja, con 26%, seguida por Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%) y, con el mismo registro, San Juan y Catamarca. El IAG ubica a Cuyo y el Norte como las regiones donde más creció la mora.
Según el informe, el mapa de la morosidad coincide en buena medida con el de la pérdida de empleo privado registrado, que en términos relativos golpeó más al norte del país. Aun así, el documento remarca que la mora también creció en las pocas provincias que generaron empleo, como Neuquén, donde subió 8,8 puntos porcentuales en un año y llegó al 15,8%.
5,6 millones de morosos
A nivel nacional, el IAG contabilizó 5,6 millones de deudores con tres meses o más de atraso en al menos una línea de crédito, el 26,9% de los 20,6 millones de personas endeudadas y el 15,9% de la población mayor de 18 años. En doce meses se sumaron 1,7 millones.
El crecimiento se concentró en los atrasos más largos. Los deudores en situación 5, que el Banco Central clasifica como “irrecuperables” por acumular un año o más sin pagar, aumentaron 60% (1.298.950 más) y ya son 3,4 millones. Los de situación 4, con entre seis meses y un año de atraso, crecieron 63% (536.899 más).
El informe también midió cuánto deben. La mediana es de $128.000 entre quienes están al día, trepa a $220.700 en los atrasos de uno a tres meses y cae a $77.900 en la situación 5. Para los autores, son montos que muestran que esas deudas no se tomaron “ni siquiera ‘para comprar un televisor’”. Sin embargo, las medianas de las situaciones 4 y 5 fueron las únicas que crecieron en el último año: 35% y 80% en términos reales, respectivamente.
La mora pesa más en el crédito no bancario. Entre quienes solo deben a fintech, emisoras de tarjetas, cadenas comerciales o mutuales, alcanzó al 37,9% (28,5% un año antes); entre quienes tienen deudas con ambos tipos de entidades, al 32,5% (24,8%), y entre quienes solo deben a bancos, al 15,1% (10%).
Según el IAG, la diferencia responde al tamaño de los préstamos. Las entidades financieras tradicionales concentran el 56,2% de las líneas de crédito, pero el 86% del monto prestado a personas, mientras el resto de los acreedores llega a mucha gente con importes menores.
El peor registro está en las casas que financian la venta de sus propios electrodomésticos, donde está en mora uno de cada dos pesos prestados (54,4%), con un salto de 29,2 puntos porcentuales en un año. Detrás se ubicaron otras cadenas comerciales, con 28,7% y una suba de 16,5 puntos. Por edad, los más afectados son los jóvenes: la mora alcanza al 38,1% de los deudores de 15 a 29 años y baja al 14,5% entre los mayores de 75.
Salarios en retroceso
El IAG vincula el fenómeno con la evolución de los ingresos. Desde julio de 2025, los salarios públicos y privados registrados retroceden mes a mes, mientras la morosidad de las familias con los bancos pasó del 2,7% en enero de 2025 al 12,8% en mayo de este año.
“La capacidad de repago de las personas humanas no mejorará si sus ingresos no mejoran”, sostiene el documento.
Para el instituto, la caída salarial responde al retroceso de actividades que emplean mucha mano de obra, como la industria, la construcción y el comercio, pero también a decisiones del Gobierno nacional: el ajuste del gasto público concentrado en salarios, la negativa a homologar paritarias por encima de la inflación y el abandono del salario mínimo, vital y móvil como piso para el sector privado, que hoy está en $363.000.
El otro factor son las tasas. De acuerdo con el informe, las tasas activas a personas tuvieron en 2025 picos que en muchos casos superaron los de la gestión de Mauricio Macri, en parte por la política monetaria restrictiva que aplicó el propio Gobierno para bajar la inflación.