La empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de iniciar la producción de petróleo en las Islas Malvinas en el primer trimestre de 2028, en el marco de su proyecto Sea Lion, según el balance de resultados del primer semestre publicado por la compañía.
La empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, a través de su proyecto Sea Lion, según el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, tiene el 65%. Ambas compañías ratificaron sus intenciones de continuar con el proyecto y sostuvieron que las licencias que poseen fueron «legalmente otorgadas» por el gobierno local de las islas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, calificó el período como «decisivo» para la empresa y confirmó el objetivo de «lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028» en Sea Lion. Moody destacó la «reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y el continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas».
La compañía mencionó que «Navitas, la empresa operadora del proyecto, confirmó que opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas -un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno- y con el pleno y continuo respaldo del Gobierno del Reino Unido». Además, Navitas indicó «que no se prevé que los acontecimientos recientes tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, incluido su calendario de ejecución».
En tanto, el Gobierno argentino, a través del presidente Javier Milei, intensificó su estrategia de reclamos por las Islas Malvinas. A principios de septiembre dispuso una serie de medidas que incluyeron la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), una denuncia penal a petroleras, el envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
El gobierno de las Islas Malvinas y el Reino Unido calificaron estas medidas como «ilegítimas y carentes de justificación jurídica», según destacó Rockhopper en su balance.