El juez federal Miguel Ángel Contreras cuestionó que la transferencia de competencias a la Justicia provincial sea una solución de fondo. Catamarca adhirió al PRONADEM, un programa evaluativo.
La desfederalización del narcomenudeo volvió a instalar el debate sobre cómo deben organizarse las investigaciones contra el narcotráfico en la provincia. La posibilidad de que la Justicia provincial asuma las investigaciones por venta minorista de drogas aparece como una alternativa para aliviar la carga del fuero federal, pero también plantea interrogantes sobre la coordinación entre jurisdicciones y la continuidad de las investigaciones que pueden conducir a proveedores y organizaciones de mayor escala.
El juez federal Miguel Ángel Contreras cuestionó que la transferencia de competencias sea, por sí misma, una respuesta eficaz al problema.
“Muchas investigaciones importantes comienzan con información sobre un punto de venta”, sostuvo Contreras. En ese sentido, advirtió que separar esos primeros hechos de la investigación federal puede dispersar información, dificultar el acceso a los proveedores y generar conflictos de competencia. “Mi principal objeción es que divide la investigación de un fenómeno que necesita ser abordado integralmente”, afirmó el magistrado al referirse a la desfederalización. Para Contreras, la división de competencias puede dificultar el seguimiento de las conexiones entre la venta minorista y las estructuras que abastecen esos puntos de comercialización.
Catamarca todavía no adhirió a la Ley Nacional 26.052, que habilita a las provincias a asumir determinadas investigaciones por delitos vinculados con estupefacientes. La discusión pasa por determinar si esa transferencia permitiría mejorar la respuesta judicial o si, sin recursos y mecanismos de coordinación adecuados, trasladaría parte de la carga de trabajo de un fuero a otro.
Ayer, en oportunidad de la visita del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el tema volvió a la agenda con la adhesión de Catamarca al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM), creado en 2025. Se trata de una instancia preparatoria que permitirá evaluar las condiciones necesarias para que la Justicia provincial pueda asumir, eventualmente, competencias en la investigación y el juzgamiento de determinados delitos vinculados con el microtráfico de drogas.
Según los datos aportados por Contreras, alrededor del 70% de las causas por drogas corresponderían al narcomenudeo. Durante 2025, precisó, hubo 1.137 causas en trámite y fueron detenidas 267 personas por delitos vinculados con drogas: 186 hombres y 81 mujeres.
Su planteo apunta a descomprimir la actividad del fuero federal sin separar judicialmente investigaciones que pueden estar relacionadas entre sí. La desfederalización, en cambio, permitiría que las justicias provinciales concentren sus recursos en la venta directa al consumidor, mientras el fuero federal se ocupa de las estructuras de mayor escala.
Contreras destacó que Catamarca cuenta desde hace años con una Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía provincial, que interviene tanto en causas de narcomenudeo como en investigaciones de narcotráfico. También señaló que existen tareas conjuntas con fuerzas federales, especialmente cuando se requieren herramientas específicas, como escuchas telefónicas, escáneres y entre otros.
Por ese motivo, consideró que la provincia ya dispone de una estructura que puede colaborar en las investigaciones sin que necesariamente deba transferirse la competencia judicial. Sin embargo, advirtió que una eventual desfederalización exigiría mecanismos de coordinación permanentes. “Se debería realizar un comando de investigación unificado donde estén todas las fuerzas de seguridad y judiciales federales y provinciales en constante contacto”, propuso.
También alertó sobre los problemas que podrían surgir si la información no circula entre los organismos. Según explicó, una causa por venta minorista que no sea comunicada a la Justicia Federal podría interrumpir líneas investigativas o impedir que se detecten patrones de comercialización y posibles proveedores.
Contreras sostuvo que, si Catamarca avanzara con la desfederalización, deberían crearse cargos especializados para atender el volumen de trabajo y las particularidades de estas investigaciones. De lo contrario, advirtió, podría sobrecargarse el sistema judicial ordinario.
El magistrado también cuestionó que la respuesta estatal frente al consumo problemático y el narcotráfico se apoye principalmente en el derecho penal. Planteó la necesidad de fortalecer la prevención, la educación temprana y los espacios de rehabilitación.
En ese marco, consideró que la asunción de nuevas competencias por parte de la Justicia provincial es una cuestión secundaria frente a la necesidad de desarrollar políticas públicas integrales. “La asunción de la competencia para la investigación de ciertos casos relacionados al comercio de estupefacientes por parte de la Justicia provincial” podría no implicar, en la práctica, una mejora sustancial en la lucha contra el narcotráfico, sostuvo.