Diez empleados designados en noviembre por el Concejo Deliberante de Pomán afirman que no cobraron ningún salario en el año. Responsabilizan al intendente por la falta de transferencia de fondos y continúan con la protesta en la Capital.
Un grupo de diez trabajadores del Concejo Deliberante de Pomán reclama el pago de sus salarios y denuncia la falta de insumos en el edificio. Según los empleados, no percibieron ningún haber en lo que va del año.
“Somos diez familias y necesitamos cobrar. Tenemos cuentas de luz, a una compañera ya le cortaron la luz, tenemos hijos”, declaró una de las trabajadoras. El grupo atribuye la situación a la falta de giro de fondos por parte de la Intendencia. “Él dice que la plata la ocupa en el municipio. ¿Cómo nos devuelve la plata al Concejo para que nos puedan pagar? No quiere dar la plata”, sostuvo otra empleada.
Los trabajadores explicaron que sus cargos ya figuraban en el organigrama del cuerpo desde 2019, que contemplaba 19 puestos, aunque en el Concejo trabajaban solo cinco personas. Las vacantes se cubrieron con las diez designaciones de noviembre. Una de las empleadas indicó: “El intendente dijo que habían entrado como 20, como 25 personas, pero no es real. Está presupuestado”.
Consultados sobre la facultad del cuerpo para designar personal, el grupo señaló que la designación fue una decisión del Concejo, tomada por un trámite normal, y que las partidas para esos cargos están contempladas. Añadieron que el problema es que ese dinero nunca llega al cuerpo. También afirmaron que cumplen con su horario: “Nosotros cumplimos las funciones, tenemos la planilla de asistencia de todos los días, de entrada y salida y no nos pagan”, completó otra trabajadora.
A la deuda salarial se suma el estado del edificio. Los trabajadores indicaron que los concejales no tienen recursos para afrontar la situación. “Ellos no tienen ni para una resma de hojas. En el Concejo usted va y no hay nada. No hay baño, nada”, graficó una empleada.
La falta de insumos ya figuraba en la intimación que el Concejo le cursó al intendente a principios de agosto. El cuerpo le dio 72 horas hábiles para regularizar la transferencia de partidas y la provisión de insumos. Entre los faltantes mencionó hojas y tóner para las impresoras y advirtió que esa carencia afectaba su funcionamiento administrativo y legislativo.
Ante el incumplimiento, la Presidencia quedaba facultada a denunciarlo penalmente por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, y a remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas y a la Dirección de Asuntos Municipales. Para entonces, los concejales ya habían enviado notas al Ejecutivo y aprobado por unanimidad una resolución, sin respuesta.
En aquella resolución, los concejales sostuvieron que el Ejecutivo adeudaba la Caja Chica de enero a junio, fijada en $2 millones mensuales por la Ordenanza N° 17/2025. Como no se sancionó un nuevo presupuesto, rige la reconducción automática del aprobado por la Ordenanza N° 23/2025, conforme a la Ley Orgánica Municipal. Sobre un total de $20.644 millones, al Concejo le correspondían $634,8 millones, previstos en la Planilla 4. El cuerpo había calificado la retención de partidas como “una subordinación de hecho que quiebra la división de poderes”. Más de dos meses después de vencido aquel plazo de 72 horas, los fondos siguen sin llegar.
El intendente, por su parte, había descrito en junio un cuadro financiero difícil para el municipio. En declaraciones a Ancasti Streaming, atribuyó las dificultades a los incrementos salariales y a la baja de la coparticipación, y consideró fundamental la ayuda provincial para afrontar los sueldos. Aseguró que había respondido todos los pedidos de informe del cuerpo. En esa misma entrevista recordó que Pomán fue el primer municipio en ingresar al fondo de emergencia tras la ley de coparticipación de 2005. También precisó que el acuerdo salarial con los municipales contemplaba un 15% de aumento en el primer semestre, con un 10% ya otorgado. Los diez trabajadores del Concejo, en cambio, no recibieron un solo haber en todo el año.
Los trabajadores afirman que llevan un año de reclamos sin resultados. “Hace un año venimos peleando para que el intendente se haga cargo”, planteó uno de ellos. Sobre una eventual presentación ante los organismos laborales, indicaron que no la hicieron porque nadie los recibe. “Ya fuimos a todos lados, nadie nos quiere recibir”, insistió después.
El pedido de audiencia con el Gobernador tampoco prosperó. Los empleados contaron que el mandatario se había comprometido a recibirlos durante un encuentro en Saujil. “Hablamos con el gobernador en Saujil, nos dijo que nos iba a recibir y hasta el día de hoy no nos ha recibido”, señaló una de ellas.
Con ese panorama, el grupo anticipó que seguirá con la protesta en la Capital y exigió la intervención del Ejecutivo provincial y de los organismos de control para destrabar los fondos. “No nos vamos a ir hasta que no nos solucionen. Que alguien salga, que alguien se haga cargo”, reclamó.
El reclamo es el último episodio de una serie de cruces entre el intendente y el Concejo. En mayo del año pasado, el cuerpo había aprobado un aumento del 20% para los empleados municipales y una recategorización para los futuros jubilados. El intendente anticipó que vetaría ambas ordenanzas porque el municipio no tenía recursos. Los concejales respondieron con un pedido de informes sobre la coparticipación y los fondos que ingresan al municipio. En paralelo, lo acusaron de haber tomado sin su aprobación dos créditos: uno de $25 millones en el Banco Nación para pagar sueldos y otro de $100 millones para Agroindustrias Pomán.
Este año, la disputa se agravó con la compra de la Casa Santa Rita. La Municipalidad la adquirió por decreto, sin pasar por el Concejo, en unos 40.000 dólares abonados con $59,2 millones en efectivo. El intendente argumentó que recurrió al decreto porque el cuerpo estaba en receso. Convocado luego al recinto, se retiró sin completar el cuestionario.
En junio, el Concejo aprobó por mayoría calificada la Resolución N° 014/2026, y su presidente, Walter Centeno, denunció penalmente al intendente y a otros funcionarios por abuso de autoridad, entre otros delitos. La causa recayó en la Fiscalía de Andalgalá y el cuerpo remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas para pedir una auditoría extraordinaria.
El intendente, en el cargo desde 1999, ya había atribuido la ofensiva a fines electorales, con el argumento de que buscan impedir que vuelva a presentarse en 2027.