Estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales se movilizaron en la capital catamarqueña para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El rector Oscar Arellano afirmó que el Gobierno nacional tiene una ‘decisión absoluta de desfinanciar la universidad’.
Una multitud participó este martes de la quinta Marcha Federal Universitaria en Catamarca para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes de todos los niveles, docentes, nodocentes, sindicatos y organizaciones sociales recorrieron las calles de la Capital en una protesta que también exigió recomposición salarial, actualización de becas y mayores recursos para 2027.
Los alumnos de las escuelas preuniversitarias partieron desde La Alameda con una bandera argentina que llevan a cada movilización y llegaron hasta la explanada principal de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). Allí confluyeron con agrupaciones estudiantiles, representantes del CONICET, organizaciones gremiales, jubilados autoconvocados y legisladores provinciales de distintos partidos. Entre las consignas se leyó: “A la ignorancia se la combate con las aulas abiertas, no con recortes”. También hubo reclamos por los derechos de jubilados y personas con discapacidad, la soberanía territorial y demandas sindicales.
La concentración fue convocada en Belgrano y Junín, en el entorno del predio universitario. Durante la jornada confluyeron columnas de distintos sectores, con estudiantes que portaban banderas y carteles. El reclamo por las becas tuvo especial presencia entre los jóvenes de las escuelas preuniversitarias, mientras que las organizaciones sindicales acompañaron el pedido de actualización de los salarios y de cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso.
Durante el recorrido, el rector Oscar Arellano cuestionó la negativa del Ejecutivo nacional a aplicar la ley, pese a su ratificación legislativa y las resoluciones judiciales. “La única explicación posible es que el Gobierno tiene una decisión absoluta de desfinanciar la universidad”, afirmó. Según planteó, la falta de recomposición de las becas perjudica especialmente a los sectores más vulnerables, mientras que la política salarial precariza las condiciones de docentes y nodocentes.
Arellano sostuvo que, después de cinco marchas y de las instancias legislativas y judiciales, la conducta oficial revela una “vocación de destruir a la universidad pública”. También destacó la participación juvenil y señaló que los estudiantes próximos a egresar perciben en riesgo la continuidad de una educación superior pública, gratuita y de calidad.
Al concluir la movilización, el rector leyó el documento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañado por los decanos de todas las facultades. El pronunciamiento advirtió que las universidades podrían tener dificultades para sostener sus funciones el próximo año y reclamó un presupuesto 33,4% superior al previsto por el Ejecutivo. También cuestionó el congelamiento de las becas Progresar en $35.000 desde 2024 y el deterioro de los salarios universitarios.
El secretario general del Gremio Docente Universitario (GDU) y congresal de la CONADU Histórica, Fernando Morales, reclamó que el Presupuesto 2027 contemple los $11 billones solicitados por las universidades nacionales. Advirtió que, de concretarse el recorte, “sería el ajuste más grande que ha sufrido la universidad desde el regreso de la democracia”.
La marcha estuvo precedida por una conferencia en la que Arellano había expuesto el reclamo presupuestario y por reuniones con legisladores nacionales y provinciales. Los diputados nacionales del bloque Elijo Catamarca respaldaron la aplicación de la ley y señalaron que habían dado quórum para intentar tratar la derogación del DNU 70/2023.
En sentido contrario, el diputado provincial Carlos Aibar Quintar, presidente del bloque de La Libertad Avanza, había cuestionado la convocatoria. Afirmó que las sucesivas marchas perdieron participación y sostuvo que “los universitarios no le creen más el relato”. Aunque reconoció como válida la discusión salarial, atribuyó los cierres de las universidades a los paros y las movilizaciones docentes.