Un documento de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) identificó importaciones por más de US$ 45 millones en equipos de tratamiento de agua para el proyecto de litio Rincón Mining, en Salta, operado por Rio Tinto. Según el informe, 17 empresas argentinas están capacitadas para fabricar esos equipos.
Un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC) titulado “Capacidades Productivas Argentinas para la Minería – Tratamiento de Agua y Ósmosis Inversa” relevó que el proyecto minero Rincón Mining, ubicado en Salta y perteneciente a Rio Tinto, importó más de US$ 45 millones en equipos de tratamiento de agua.
El documento, que toma como referencia las importaciones identificadas para ese emprendimiento de litio, sostiene que para ese equipamiento “existe oferta tecnológica y productiva en la Argentina”. Según la Cámara, 17 empresas argentinas están capacitadas para fabricarlos.
El informe describe a los posibles proveedores: “El universo incluye fabricantes con trayectoria, ingeniería propia, instalaciones productivas y antecedentes en diferentes sectores industriales. Algunas empresas cuentan, además, con experiencia declarada en minería y proyectos de litio”.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años. Defensores del régimen sostienen que esas ventajas son necesarias para atraer capitales de gran escala. Detractores advierten que el esquema favorece a las empresas extranjeras en desmedro de la industria nacional.
Los beneficios aduaneros del RIGI facilitan las importaciones para los inversores. Para Catamarca, provincia con presencia de proyectos mineros y expectativas de nuevas inversiones, el informe resulta relevante. Proveedores locales han demandado una mayor participación en los beneficios de algunos emprendimientos mineros.
CIPIBIC considera que para garantizar la participación de los proveedores industriales locales es preciso identificar las necesidades de equipamiento, vincular a los fabricantes nacionales con los responsables de ingeniería y compras de las empresas, y establecer mecanismos que permitan evaluar condiciones competitivas.
El informe no indica si las compañías han adoptado esas medidas. La Cámara plantea la necesidad de introducir regulaciones y entablar negociaciones con las grandes empresas que operan bajo este régimen legal, de modo que los beneficios que obtienen se traduzcan también en el crecimiento de los proveedores locales.