Juan Patricio Marchetto presentó un recurso para que se revoque el cierre de la investigación contra el Presidente, Karina Milei y otros nueve imputados. Cuestiona al juez Marcelo Martínez De Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano.
Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que se presentaron como damnificados por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA, apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de los otros nueve imputados. La presentación, patrocinada por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, solicita que la investigación penal continúe.
El recurso cuestiona los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había pedido el sobreseimiento de todos los acusados. Según el escrito, el magistrado llegó a una conclusión definitiva sin agotar medidas de prueba pendientes y evaluó de forma parcial los elementos del expediente.
Marchetto había sido apartado como querellante por una decisión judicial del 3 de julio, confirmada por la Cámara Federal. No obstante, sostiene que puede apelar porque la Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver el recurso con el que busca recuperar esa condición. Argumenta que, si el sobreseimiento queda firme antes de esa decisión, una eventual resolución favorable perdería efectividad.
Uno de los principales argumentos de la apelación señala que el juez confundió la falta de pruebas suficientes para demostrar un delito con la conclusión de que los hechos investigados no constituyen delito. Para el inversor, el fallo avanzó hacia el cierre sin explicar por qué los elementos reunidos no justificaban continuar investigando.
El recurso también cuestiona al fiscal Taiano por haber demorado medidas de prueba, omitido convocar a testigos y no haber solicitado las declaraciones indagatorias de los imputados. Además, remarca que pidió cerrar el expediente mientras estaban en curso diligencias que él mismo había ordenado. «Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado», sostuvo Marchetto en el escrito.
Entre las medidas que, según la presentación, aún requerían profundización figuran la ampliación de las pericias telefónicas de los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis. También se cuestiona que no se haya convocado a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, y Yanina Nicoletti, primera abogada de Davis en Argentina.
La apelación vuelve sobre las comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, en los minutos previos a la publicación con la que Milei difundió el criptoactivo en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. Según los registros citados, Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02; a las 18:56:22 el mandatario recibió una llamada entrante del operador. El mensaje presidencial apareció a las 19:01:22. Además, según la reconstrucción del escrito, 74 billeteras efectuaron 87 transacciones por aproximadamente 13,5 millones de dólares unos 22 segundos antes del posteo.
«Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo», destacó Marchetto.
El escrito también objeta el informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), elaborado a partir de dispositivos secuestrados. Martínez De Giorgi había considerado circunstancias vinculadas con una investigación administrativa por acceso indebido a documentación reservada. Marchetto sostuvo que el sumario no demostró que la empleada investigada hubiera entregado documentos a una periodista o a terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado. Señaló además que la fiscalía había recibido un informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de documentos del expediente.
Para fundamentar su legitimación, Marchetto invocó el plenario «Zichy Thyssen», de 2006, que reconoció la posibilidad de que quien pretende constituirse como querellante interponga determinados recursos ante Casación. También apeló a los derechos de las víctimas reconocidos por la legislación, entre ellos el acceso a la Justicia, la información, la participación en el proceso y la tutela judicial efectiva.
Otros damnificados anticiparon que también apelarán, luego de haber sido corridos de su rol de querellantes.