La Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso la suspensión de la autorización para funcionar de 7.199 entidades, el 32,41% de las cooperativas y mutuales vigentes en el país. La medida exige la presentación de documentación contable y asamblearia del período 2023-2026. Un informe del Instituto Cecilia Grierson cuestiona el momento de la exigencia y señala que los fondos del FONEDU se destinan a inversión financiera.
La Resolución 2076/2026 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso la suspensión de la autorización para funcionar de 7.199 entidades, lo que representa el 32,41% de las cooperativas y mutuales vigentes en el país, según datos de ese organismo. La norma exige la presentación de documentación asamblearia y estados contables correspondientes al período 2023-2026.
De un universo de 22.212 entidades, casi 9.000 fueron intimadas y 7.199 suspendidas. Desde marzo de 2024, el INAES emitió periódicamente resoluciones que suspenden matrículas o las dan de baja. La Resolución 2076/2026 es la de mayor alcance en cantidad de entidades alcanzadas.
Un informe del Instituto Cecilia Grierson sostiene que la exigencia documental se aplica sobre el trienio de mayor crisis para el sector, con paralización de la obra pública, caída de la demanda interna y depresión del consumo. La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) afirmó que la mayoría de las entidades afectadas son cooperativas textiles, de construcción, de cuidado o de pesca artesanal, y que deben afrontar costos de auditores y contadores certificados para presentar sus balances.
Según el mismo informe, la pérdida de la personería jurídica y del CUIT implica la imposibilidad de facturar y afecta la continuidad de puestos de trabajo autogestionados y asalariados. En el interior del país, señala, la suspensión amenaza la prestación de servicios esenciales como agua potable o energía.
El INAES se financia con el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (FONEDU), creado por la Ley 23.427, que establece un aporte del 0,5% del patrimonio de las cooperativas y del 0,03% de las cuotas de cada socio en las mutuales. La ley dispone que esos fondos se destinen a educación, promoción y desarrollo del sector.
De acuerdo con los números del Presupuesto 2026 citados en el informe, se prevén ingresos por $89.930 millones provenientes de ese fondo, mientras que el gasto autorizado para el sector es de $18.871 millones. La diferencia, superior a $71.000 millones, se asigna a «inversión financiera».
El informe propone que el INAES reasigne fondos del FONEDU para crear un Fondo de Regularización y Asistencia Contable que cubra los costos de honorarios de auditores, contadores y trámites administrativos para que las entidades suspendidas e intimadas puedan presentar sus balances. La propuesta se enmarca en el Programa 16 – Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual, financiado con recursos del FONEDU.
El autor del informe, Juan José Sánchez, es licenciado en Administración, licenciado en Comercio Internacional, especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS – UNQ) y especialista en Planeamiento Educativo (IIPE – UNESCO). Es miembro del Instituto de Investigación Cecilia Grierson de la Asociación La Carrillo y del Partido Solidario (PSOL).