La alumna del último año del Colegio Privado Pía Didoménico denunciada penalmente por un ‘story time’ presentó un recurso de amparo con medida cautelar para frenar su ‘reubicación’ en otro establecimiento. La presentación se dirige contra la Disposición Interna 32/2026 del Nivel Secundario.
La alumna del último año del Colegio Privado Pía Didoménico denunciada penalmente por un “story time” en el que relató cómo se jactaba de una agresión a otra compañera durante el viaje de egresados presentó un recurso de amparo con medida cautelar para frenar su “reubicación” en otro establecimiento, tras la reciente expulsión de esta institución escolar. La decisión de la institución se había notificado el lunes a sus padres.
La presentación se dirige contra la Disposición Interna 32/2026 del Nivel Secundario, que ordenó gestionar su pase escolar y notificar a la familia. El colegio invocó la necesidad de resguardar la convivencia y los principios de gradualidad y carácter restaurativo de la Resolución Ministerial 290/2024.
En su presentación, la estudiante alegó que ya es mayor de edad y que nadie le dio la posibilidad de defenderse. “La decisión se gestó en reuniones en las que no participé”, se indicó en el escrito. A la vez, se sostuvo que las reuniones fueron entre los directivos de la institución y autoridades ministeriales. Se le habría comunicado “a través de mis padres, sin citarme ni permitirme hacer un descargo”, pese a que el establecimiento sabe que ya cumplió 18 años.
Para la joven, notificar a su familia “no suple” su derecho a ser oída, porque sus padres no son sus representantes legales. Ellos habrían firmado el acta con constancia expresa de su disconformidad.
La estudiante es representada por el abogado Marcos Denett. Según la presentación del amparo, no se tramitó ningún procedimiento ante el Consejo de Convivencia que prevé la Ley provincial 5402, no hubo medidas graduales previas ni se le dio oportunidad de presentar un descargo. Afirmó que se le aplicó directamente la sanción más grave. Cuestionó además que el colegio tomó como base una denuncia penal que, aclaró, no se tradujo en una imputación en su contra. Hasta el momento no fue citada ni imputada, y en esa investigación no habría ninguna medida dispuesta por una autoridad judicial. Ante este panorama, invocó la presunción de inocencia.
Asimismo, la joven comparó su situación con la de otros alumnos y remarcó que a compañeros investigados penalmente, algunos de ellos imputados por la difusión de material íntimo de la alumna afectada, el colegio les permitió continuar con modalidad virtual. A ella, en cambio, le impuso un traslado compulsivo “a semanas del egreso”, que equivale a una expulsión.
Ante la medida de la institución educativa, la estudiante reclamó que se declare ilegítima la disposición y que se la mantenga como alumna regular hasta fin del ciclo lectivo 2026 en modalidad virtual, con la posibilidad de rendir todas las evaluaciones y recibir su título. Como medida cautelar, solicitó que se suspendan los efectos de la resolución y que, en 48 horas, se le permita seguir cursando a distancia. Ofrece comprometerse a no concurrir al establecimiento, a no tener contacto con la alumna afectada y a no hacer publicaciones sobre ella ni sobre el conflicto. Pidió además reserva de identidad y que se informe al colegio y al Ministerio de Educación y Trabajo.
“Story time”
El caso se originó por la difusión de imágenes íntimas de una adolescente y derivó en situaciones de hostigamiento sostenido, tanto en el aula como en el entorno virtual, y en tres causas judiciales. La estudiante, a través de un “story time” había relatado a sus “mejores amigos” sobre una agresión a una compañera durante el viaje de egresados, en Bariloche. La joven lo contó entre risas.
“Hasta que no se vació el vaso no lo dejé y la mina no hacía nada, mientras le caía todo el agua”, contó entre risas. La misma joven reconoció que le cantaron insultos con referencias personales, “que se tenía que teñir el pelo, que se le marcaba la panza en las fotos”.
Según el propio relato de la agresora, los varones del grupo les pidieron que pararan, pero no lo hicieron. En esa agresión, eran varias chicas contra una. “La mina empezó a llorar como si le hubieran matado a la madre al frente. Nosotras no parábamos, los chicos tuvieron que decirnos ‘se están yendo al choto, paren’. Sí, la verdad, nos fuimos un poco al choto bardeándola con el video, pero que se cague”, sentenció.
La agresión continuó en el hotel. “Nos dijeron que le estaba dando un brote psicótico y yo estaba tentada porque era un mal que le estaba pasando a ella y yo lo estaba disfrutando. Cada vez que tenemos la oportunidad de bardearla, la bardeamos”, admitió.
Por este hecho, la asesora de Menores Carolina Acuña Barrionuevo radicó la denuncia en representación de la víctima y el expediente fue remitido a la Fiscalía especializada en Ciberdelitos, a cargo de Paola González Pinto. Fuentes judiciales indicaron que la fiscal dispuso medidas de resguardo y secuestro de la evidencia digital.
La institución
Aunque las causas judiciales tomaron trascendencia pública tras la difusión del “story time”, el conflicto se inició en abril con la filtración del video y continuó con un hostigamiento sostenido que derivó en la denuncia penal de junio. El Colegio Pía Didoménico tenía conocimiento de la situación desde hacía meses. Pese a ello, la institución no funcionó como un ámbito de contención: mientras los alumnos sindicados continuaban asistiendo a clases presenciales, a la víctima se la derivó a la modalidad virtual, quedando de hecho apartada del grupo.
Tras el impacto público del caso, el establecimiento emitió un comunicado informando sobre las acciones adoptadas: “Se han dispuesto medidas respecto de los estudiantes involucrados, contemplando modificaciones en la modalidad de asistencia y continuidad pedagógica, así como la desvinculación institucional según corresponda (…). Estas decisiones se adoptaron priorizando el resguardo de los derechos, la integridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa”, expresaron. Asimismo, reafirmaron que “las situaciones de violencia y vulneración de derechos requieren intervenciones concretas y sostenidas” y que continuarán trabajando en la prevención y el respeto.