Un informe del Centro de Economía Política Argentina estima una pérdida de recaudación de $7,8 billones anuales para la seguridad social, atribuida a la informalidad laboral y a la creación del Fondo de Asistencia Laboral. El documento sostiene que menos de la mitad de los ocupados realiza aportes.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el sistema previsional argentino se encamina hacia una crisis provocada por la destrucción de empleo registrado, el avance de la informalidad y la reforma laboral que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El documento estima una pérdida de recaudación de $7,8 billones en un año, a valores de noviembre de 2026, equivalentes a unos USD 5.065 millones.
Según datos oficiales del primer trimestre de 2026 citados por el CEPA, sobre un total de 13.471.636 ocupados, el 45,2% (6.084.751 personas) realiza aportes al sistema previsional. El 28,3% (3.815.499) no aporta, y un 26,2% (3.529.116) no registra datos. El informe calcula que la mayor proporción de empleo sin aportes implica una merma anual de $3,3 billones (USD 2.161 millones), equivalentes al 5,3% de lo recaudado por aportes y contribuciones.
El FAL, creado por la reforma laboral para financiar indemnizaciones, se nutre de una contribución del 2,5% de las remuneraciones para las MiPyMEs y del 1% para el resto de los empleadores privados. El Gobierno sostiene que la medida no implica un costo adicional para las empresas. El CEPA señala que esos aportes provienen de las contribuciones patronales que actualmente financian el SIPA, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las Asignaciones Familiares, por lo que su redirección reduce los recursos de la seguridad social.
De acuerdo con las estimaciones del CEPA, en su primer año de vigencia, de diciembre de 2026 a noviembre de 2027, el FAL provocaría una merma de $4,3 billones, que explicaría el 57% de la pérdida total estimada. En los primeros 24 meses, la seguridad social dejaría de recaudar casi $9 billones. Esos recursos dejarían de destinarse a jubilaciones, cobertura de salud de adultos mayores, asistencia de desempleados y asignaciones familiares.
El informe también menciona que los jubilados registran pérdidas de poder adquisitivo y un sistema de medicamentos que se ha vuelto inaccesible para muchos. El CEPA concluye que, de no mediar medidas gubernamentales que contribuyan al financiamiento del sistema, el país se encamina hacia una crisis grave, y que revertir la informalidad, recuperar el empleo registrado y preservar las fuentes de financiamiento de la seguridad social son condiciones para sostener el contrato intergeneracional.