El senador nacional Guillermo Andrada (Convicción Federal) se pronunció a favor de que el Senado apruebe sin modificaciones el proyecto de ley de discapacidad que ya tiene media sanción de Diputados, con el objetivo de sancionarlo antes del vencimiento de la emergencia en diciembre.
El senador nacional Guillermo Andrada (Convicción Federal) defendió que el Senado apruebe sin cambios la nueva ley de discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados, para que pueda sancionarse antes de que venza la emergencia en diciembre. El legislador admitió que el texto tiene pequeños errores, aunque planteó dejar las correcciones para más adelante.
En declaraciones a la prensa, Andrada recordó que había planteado en la comisión que, si bien “lo urgente es enemigo de lo importante”, en este caso “es una urgencia y es importante”. Sobre los cambios que querían introducir su bloque y otros senadores, explicó que “hay pequeños errores que se pueden mejorar en esta media sanción, pero así como hubo un consenso entre los diputados, porque se alcanzaron 237 votos, nosotros tenemos que dar un paso al costado de querer hacer modificaciones para que esto rápidamente se trate”.
Según detalló, el dictamen necesita siete días en el Senado antes de pasar al recinto, un plazo que permitiría llegar el 19 de noviembre, antes del final de las sesiones ordinarias. “Esto hay que sacarlo urgente. Después habrá tiempo para hacer una mejor ley”, insistió.
Entre los puntos que no comparte, mencionó el tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles, que el proyecto fija para conservar la pensión no contributiva por discapacidad a la protección social, un beneficio que no impide trabajar. “Creo que eso hay que elevarlo. Pueden tener empleos con un poco más de ganancia salarial y mantener la pensión”, planteó.
Respecto del financiamiento, sostuvo que el texto identificó bien las partidas: la deuda con los prestadores, de unos 238 mil millones de pesos, se pagaría a partir de los 30 días de la promulgación y en un máximo de 90, mientras que para 2027 se prevé un gasto de unos 600 mil millones de pesos por la incorporación de 200 mil pensiones por discapacidad a la protección social. Cuestionó, sin embargo, los incumplimientos del Ejecutivo en la ejecución de los presupuestos, por lo que pretende que el Congreso tenga “una capacidad de auditar cómo se ejecuta y si se ejecuta”.
Consultado por los sectores del Gobierno nacional que, con el ministro de Economía, Luis Caputo, a la cabeza, no quieren que la ley avance, respondió que el Ejecutivo no dijo de manera clara que no desea su tratamiento. Reconoció que “hay un sentido económico” detrás de esa resistencia, pero sostuvo que corresponde “priorizar llevar una solución a un sector vulnerable”. Describió una economía que no atraviesa “el mejor momento”, con una recaudación del IVA en caída y un superávit fiscal “en el límite”. “Entonces, no se puede ajustar en lo social”, remarcó, al citar que el 75% del presupuesto del año próximo es gasto social.
En cuanto al Presupuesto 2027, señaló que las provincias lo necesitan para tener previsibilidad del gasto, a diferencia de la Nación, que puede reconducir el del año pasado. En su visión personal, “no hay inquietudes por parte del oficialismo de que se haga el presupuesto”, aunque admitió que puede equivocarse.
Sobre la ley de ludopatía, cuya media sanción vence en noviembre y que la Iglesia pidió no dejar caer, la consideró “difícil” de tratar por lo acotado de los tiempos, aunque no descartó que se logre: “No te puedo decir que no, porque existe la posibilidad”. Al hablar de los intereses económicos en juego, afirmó que “el que está sentado en una banca tiene que tener en cuenta que está sentado ahí porque lo votó la gente”. En ese caso específico, agregó, se trata de “un daño muy grande para la sociedad”.