El juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, remitió a la Cámara de Diputados el pedido para que se le retiren los fueros al legislador del MID, investigado por presunto abuso sexual con acceso carnal, exacciones ilegales y peculado de servicios. El cuerpo legislativo deberá votar si aprueba la medida, que requiere 27 votos.
La Justicia de Garantías de Catamarca solicitó formalmente el desafuero del diputado provincial Javier Galán (MID) en el marco de la causa que lo investiga por presunto abuso sexual con acceso carnal, exacciones ilegales y peculado de servicios. El juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, elevó la solicitud a la Cámara de Diputados, que deberá debatir y votar si le retira la inmunidad parlamentaria para que sea sometido a proceso penal.
Para que el pedido prospere en el recinto, se requiere una mayoría especial de 27 votos. Si la Cámara baja aprueba la medida, quedará habilitada la investigación penal preparatoria, instancia en la que Galán podrá ejercer su defensa técnica, presentar pruebas de descargo y realizar los planteos procesales que considere pertinentes.
Según la solicitud, a la que tuvo acceso este medio, el juez Sago resolvió «solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca el desafuero del diputado provincial, el Sr. Galán José Javier (…) a los fines de su sometimiento a proceso penal por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, exacciones ilegales y peculado». En el mismo fallo, el magistrado ordenó remitir las actuaciones a la presidencia del cuerpo legislativo.
El dictamen judicial se dio días después de que el legislador presentara un recurso extraordinario para intentar llevar su caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tras conocerse la resolución, Galán publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó los tiempos del pedido de desafuero y sostuvo que existe una persecución política en su contra. «Mi situación judicial ya no puede analizarse solamente como una sucesión de expedientes. Hay decisiones, tiempos y circunstancias que generan interrogantes muy serios y que merecen una explicación ante toda la sociedad», afirmó.
«Siento que se está utilizando el escenario judicial para intentar sacarme de la cancha política ¿No pueden ganarme en la discusión de ideas? ¿No pueden enfrentarme políticamente? ¿Entonces la disputa termina trasladándose a los tribunales?», cuestionó. «Una denuncia por abuso sexual es un asunto de enorme gravedad y debe ser investigada con toda la seriedad que merece. Las cuestiones de género no pueden utilizarse para desacreditar a las víctimas, pero tampoco pueden convertirse en una condena anticipada ni anular el derecho constitucional de defensa de una persona denunciada», sostuvo y concluyó: «la perspectiva de género y el debido proceso no son enemigos; los dos deben respetarse».
La causa se originó a fines de abril a partir de la denuncia de Daniela Solohaga contra el legislador por abuso sexual. A ese hecho se suman los presuntos delitos de peculado de servicios y exacciones ilegales. La investigación preliminar detectó transferencias bancarias a terceros que darían cuenta de la retención indebida de parte de su sueldo público, además de testimonios e informes que señalan que se la obligaba a cumplir tareas comerciales en el corralón privado del legislador mientras cobraba como empleada estatal.
Antes de llegar a esta instancia parlamentaria, la defensa de Galán intentó frenar la causa alegando el vencimiento de los plazos de la investigación sumaria. El juez Sago desestimó el planteo al señalar que las demoras respondían a presentaciones de la propia defensa, criterio que fue respaldado por la Cámara de Apelaciones y luego confirmado por la Corte de Justicia local al desestimar un recurso de casación. Con esa etapa procesal concluida, el magistrado formalizó el requerimiento a la Cámara de Diputados y remarcó que un eventual desafuero no implica una condena anticipada.