El juez Martín Maturano Wagner confirmó la detención de una mujer de apellido Herrera, imputada por el delito de estafa en calidad de autora, a pedido del fiscal Martín Camps. La acusación sostiene que la imputada habría realizado transferencias no autorizadas desde la cuenta bancaria de una mujer que le había solicitado ayuda para instalar una aplicación bancaria.
El fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Andalgalá, Martín Camps, solicitó la audiencia de control de detención de una mujer de apellido Herrera, imputada por el delito de “estafa”, en calidad de autora. El juez Martín Maturano Wagner hizo lugar al pedido y confirmó la medida.
En la audiencia, el fiscal y la defensora expusieron los argumentos que sustentaron sus posiciones. Tras valorar lo planteado por ambas partes, el juez confirmó la detención al entender que las pruebas reunidas permitían sostener el grado de sospecha exigido para esta etapa del proceso.
Durante la indagatoria, la imputada, representada por el Defensor Oficial (SL) Alejandro Scida, declaró sobre el hecho investigado. En el marco de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía incorporó la denuncia y su ampliación, constancias de movimientos bancarios, capturas de pantalla de transferencias, actas de registro domiciliario y de secuestro, una inspección ocular y registros fotográficos, entre otros elementos.
El hecho
Según la investigación, el 26 de octubre de 2026 una mujer recibió en su cuenta del Banco Nación la suma de $15.750.858,29, correspondiente a un premio. La denunciante había solicitado en abril a Herrera, en quien confiaba, que instalara en su teléfono celular la aplicación bancaria y la vinculara con los datos de su cuenta, debido a que ella no contaba con un dispositivo propio.
La acusación sostiene que la imputada habría aprovechado ese acceso y el conocimiento del premio recibido para realizar, entre el 27 y el 29 de octubre, transferencias desde la cuenta bancaria de la denunciante hacia una cuenta de Mercado Pago de su titularidad. Las operaciones se habrían efectuado sin autorización ni consentimiento de la víctima y habrían alcanzado un total de $10.547.508, ocasionándole un perjuicio económico por esa suma.