La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca elevó de tres años en suspenso a cinco años de prisión efectiva la condena de un hombre declarado culpable por abuso sexual continuado agravado por el vínculo. El penado presentó un recurso de casación y la Sala Doble Conforme deberá revisar la sentencia; hasta que quede firme, mantiene la libertad.
La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca elevó de tres años de prisión en suspenso a cinco años de prisión efectiva la condena impuesta a un hombre declarado culpable por un jurado popular por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y continuado. El penado presentó un nuevo recurso de casación y la Sala Doble Conforme deberá revisar la sentencia. Hasta que la resolución quede firme, el condenado mantiene la libertad.
El juicio por jurados se realizó en julio de 2025 en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial. El acusado enfrentaba la imputación por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización, continuado, calificado por el vínculo y el daño en la salud mental de la víctima. Tras una deliberación de casi cuatro horas, los doce integrantes del jurado lo hallaron culpable por unanimidad por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y continuado.
En la audiencia de cesura de pena, el juez director fijó una condena de tres años de prisión en suspenso, con reglas de conducta y una capacitación obligatoria en perspectiva de género. Ante esa pena, el Ministerio Público Fiscal y la querella presentaron recursos de casación. La Sala Penal, integrada por los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño, hizo lugar al recurso de la Fiscalía y declaró inadmisible el de la querella, que también solicitaba una pena mayor.
En la audiencia de expresión de agravios, el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín sostuvo que la situación vivenciada por la víctima, la falta de remordimiento del acusado, la inexistencia de reconocimiento del daño causado y la barbarie en la ofensa a su propia hija debían considerarse agravantes para la pena. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la ejecución de la condena no podía ser en suspenso porque, afirmó, deja a una víctima sin justicia y a un delincuente sin castigo. Además, remarcó que la extensión del daño y el peligro causado dan cuenta de las consecuencias materiales del delito y del grado de afectación, el que debe entenderse como el resultado doloso llevado a cabo por quien debía procurar una relación parental de afecto y respeto.
El fiscal también señaló que las circunstancias evidenciaron la perversidad e insensibilidad de la capacidad delictiva del acusado y que no solo queda en evidencia la peligrosidad del acusado, sino también la gravedad del delito. “La relación de confianza y cercanía constituye un agravante, no solo por la traición que significa, sino por la mayor indefensión de la víctima frente al ataque de una persona que aprovecha esa situación para cometer un delito”, sostuvo.
Al revocar la pena en suspenso y fijar cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, la Sala Penal estableció un criterio sobre cómo deben medir la pena los jueces cuando el hecho es violencia de género contra una niña. El ministro Hernán Martel elaboró los fundamentos del fallo y sus pares Fernanda Rosales Andreotti y Verónica Saldaño adhirieron. La Sala Penal puso el acento en la doble vulnerabilidad de la víctima, niña y mujer.
“El hecho por el cual el acusado fue declarado penalmente responsable constituye una manifestación de violencia cometida contra una víctima doblemente protegida, por su condición de mujer y por ser menor de edad. La violencia ejercida contra la mujer constituye una forma de violación a los derechos humanos y una manifestación de discriminación prohibida por los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional. La víctima reviste la condición de niña y de mujer, lo que la sitúa en un escenario de doble vulnerabilidad”, se indicó en el fallo.
La Sala Penal advirtió que los hechos se desarrollaron de manera continuada a lo largo de 14 años, circunstancia que evidencia un sometimiento sostenido en el tiempo y una persistencia del dominio del agresor sobre la víctima, factores que incrementan de manera significativa la gravedad del injusto y la intensidad del daño ocasionado. “Tal prolongación temporal del abuso revela un mayor grado de reprochabilidad del accionar del condenado, en tanto denota una voluntad de sometimiento estable y un aprovechamiento sistemático de la situación de vulnerabilidad de la víctima”, se señaló.
En el mismo fallo, la Sala Penal recordó que todo hecho de violencia dirigido contra la mujer debe ser ineludiblemente considerado teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por el Estado argentino, bajo pena de hacer incurrir al mismo en responsabilidad internacional, sin que resulte necesario que la cuestión de género se encuentre introducida en la causa. Indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que las medidas especiales de protección a cargo del Estado se basan en que este grupo se considera más vulnerable, lo que además se determina por distintos factores como edad, condiciones particulares de cada persona, grado de madurez y desarrollo, entre otras cuestiones.
“En el caso de las niñas su vulnerabilidad se ha enmarcado en factores de discriminación histórica que han contribuido a que mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en el ámbito familiar. En definitiva, lo que se viene a decir es que se trata de dos categorías (género y edad) que concurren y aumentan el grado de vulnerabilidad de la víctima. Considerar en este momento de imposición de la pena la relación desigual y de superioridad, que se genera entre una mujer y un varón en el caso concreto, no implica una doble valoración sino una mirada precisa en cuanto a la naturaleza de la acción. Esta circunstancia se explica como la concreción de esa desigualdad estructural que nos obliga a mirar el mandato de valorar los casos con perspectiva de género. Y, consecuentemente, aumentan la intensidad de la naturaleza de la acción con relación al mínimo legal establecido y permiten elevar la pena en consecuencia”, se sostuvo.
Ahora, la Sala Doble Conforme deberá revisar esta nueva sentencia. Los ministros Jorge Rafael Bracamonte, Fabiana Edith Gómez y José Cáceres resolverán el recurso.
De acuerdo con el criterio fijado por la propia Sala Penal, los ministros partieron del mínimo de la escala penal, tres años, y elevaron y disminuyeron según los agravantes y atenuantes. Como único atenuante computaron la falta de antecedentes. Descartaron como atenuantes los lazos afectivos invocados por el acusado y su conducta durante el proceso, porque cumplir con las obligaciones procesales no suma a su favor. Aclararon que la falta de arrepentimiento no puede perjudicarlo, porque nadie está obligado a confesar.
Los agravantes valorados fueron: el contexto de violencia de género y la doble vulnerabilidad de la víctima; la marcada diferencia de edad con ella; el tiempo, modo y lugar (unos 14 años, en el hogar familiar, y la modalidad de los hechos); el daño causado, acreditado en el juicio; la calidad de los motivos (“su exclusiva y egoísta satisfacción personal aprovechando el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima”); las condiciones personales del acusado, cuya formación y trayectoria laboral los ministros no consideraron neutras; y su actitud durante el juicio, que según el fallo continuó revictimizando a su hija.