La delegación Catamarca de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tiene previsto cerrar el 30 de noviembre. El gremio ATE señaló que la medida afecta la atención presencial de los afiliados y genera incertidumbre laboral entre el personal.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó el proceso de disolución y liquidación de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y advirtió por el impacto que tendría el cierre de la delegación Catamarca, previsto para el 30 de noviembre. El planteo fue transmitido por el secretario general del gremio, Ricardo Arévalo, quien señaló que la postura local acompaña el reclamo impulsado por el sindicato.
La organización sindical realizó el jueves 29 de octubre una jornada de protesta frente al Ministerio de Defensa, en la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar la decisión del Gobierno nacional sobre el funcionamiento de IOSFA. Según ATE, la medida pone en riesgo 1.450 puestos de trabajo y afecta la cobertura de unos 352.000 afiliados en todo el país.
En ese marco, el gremio también cuestionó el cierre de las 31 farmacias propias y de delegaciones, y la posible disposición de hoteles y auditoría. Para ATE, esas dependencias permiten sostener la atención personalizada y supervisar la facturación de los servicios, por lo que su eliminación podría profundizar las dificultades de los afiliados para acceder a prestaciones.
La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, sostuvo que el proceso implica un vaciamiento de la obra social y cuestionó la participación de empresas privadas en la cobertura de sectores de las fuerzas de seguridad. También advirtió que las dificultades para acceder a prestaciones y los costos de coseguros afectan tanto al personal militar y de seguridad como a los trabajadores civiles.
Incertidumbre laboral
En Catamarca, el cierre de la oficina dejaría a los afiliados sin un espacio de atención presencial para realizar trámites, gestionar autorizaciones y recibir asesoramiento. Los trabajadores de la delegación habían advertido que buena parte de quienes concurren son adultos mayores que necesitan asistencia para resolver gestiones vinculadas con la cobertura médica, y que no siempre pueden realizarlas por otros canales.
El personal local también cuestionó las decisiones sobre sus contratos. Según informaron, el 30 de octubre recibieron notificaciones que dejaron sin efecto la transferencia de sus puestos a la nueva estructura, restituyeron su condición de contratados y comunicaron que los vínculos no serían renovados desde el 30 de noviembre. Los trabajadores sostienen que su incorporación a la planta permanente había sido reconocida mediante actos administrativos, con intervención de las áreas jurídicas.
ATE reclama que se revea el cierre y que se garantice la continuidad de la atención y de los puestos laborales. El sindicato considera que las consecuencias de la situación institucional no deben recaer sobre quienes sostuvieron el funcionamiento de la obra social ni sobre los afiliados que dependen de sus servicios.