El Gobierno nacional flexibilizó los requisitos para considerar a una empresa como proveedora local en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, elimina la exigencia de capital nacional para las empresas de servicios.
El Boletín Oficial publicó este lunes el Decreto 1366/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, que introduce modificaciones a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La norma establece un nuevo criterio para definir a un proveedor local: basta con que la persona jurídica esté constituida y domiciliada en Argentina, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social. Hasta ahora, se requerían condiciones de participación de capital nacional.
El RIGI exige que los proyectos adheridos contraten empresas locales por un mínimo del 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta disponible y en condiciones de mercado. Con la modificación, una compañía de capitales extranjeros constituida en el país podrá ser considerada proveedora local y sus servicios computarán para ese porcentaje.
La nueva disposición alcanza a las empresas que prestan servicios. Para aquellas que suministran bienes, se mantienen los criterios de origen nacional establecidos en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 del Mercosur.
En Catamarca, la provincia tiene proyectos incorporados al RIGI vinculados con el litio y el cobre, entre ellos Hombre Muerto Oeste, la expansión de Fénix, Tres Quebradas, Diablillos, Sal de Oro II y Agua Rica, este último integrado al esquema de desarrollo de MARA. Estos emprendimientos demandarán bienes y servicios en rubros como transporte, construcción, mantenimiento, alimentación, seguridad, logística, servicios profesionales y equipamiento.
La modificación amplía el universo de compañías que pueden acceder a la condición de proveedora local sin establecer una prioridad para las empresas de capital nacional.
