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Según la presidenta de Diputados, el aumento de la Corte es «irresponsable»

La presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, se sumó a los planteos contra el aumento de más del 12% otorgado por la Corte de Justicia a sus empleados. En este sentido, la titular de la Cámara baja calificó la medida del máximo tribunal de Justicia como “irresponsable”.

Antes que Fedeli, ya había planteado su preocupación la vicepresidenta de la Cámara, María Argerich y desde el Ejecutivo provincial la ministra de Economía, Alejandra Nazareno y el de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Nicolás Rosales, quienes pidieron una reunión con los miembros de la Corte para analizar la situación.

También se había expresado la titular de UPCN, Claudia Espeche, que había adelantado que iba a pedir el mismo incrmento al Ejecutivo provincial para todo su personal, porque de lo contrario se producía una «inequidad salarial» entre los empleados de los diferentes poderes del Estado.

Fedeli dio a conocer su postura en una reunión con representantes de los gremios SELEG y ATE. En el encuentro, la presidenta de la Cámara estuvo acompañada por el presidente del bloque oficialista Gustavo Aguirre. Según informaron en un comunicado, en la reunión dialogaron sobre “las inquietudes y necesidades planteadas por los trabajadores respecto a la situación salarial en la provincia”.

Durante el encuentro, Fedeli expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el Poder Judicial, calificándolas de “irresponsables” en el contexto económico actual. En este contexto, señaló que en el marco de la emergencia económica que atraviesa Catamarca, decisiones como el incremento salarial dispuesto por la Corte de Justicia resultan «inviables».

Además, recordó que durante el debate en la Legislatura de la Ley de Presupuesto 2025, los miembros de la Corte de Justicia no plantearon ningún requerimiento con relación a un aumento salarial. En este marco, la diputada enfatizó que “la Provincia no está en condiciones de asumir este tipo de medidas”.

Por otra parte, se informó que los representantes gremiales manifestaron la necesidad de “fortalecer el diálogo” y destacaron “la importancia de implementar mecanismos de consulta que acompañen decisiones de esta magnitud”.

Por último y de acuerdo a lo comunicado, las partes acordaron «trabajar en una agenda en conjunto para buscar soluciones que prioricen el bienestar de todos los empleados legislativos y el de los catamarqueños».

Polémica en la Cámara

El aumento otorgado por la Corte a sus empleados generó diferentes opiniones en la Cámara de Diputados, antes de que opine Fedeli. En este sentido, la vicepresidenta María Argerich sostuvo que el aumento es «desproporcionado» con el resto de la Administración y que «rompe la equidad entre los poderes e ignora la situación económica de Catamarca». En este marco, solicitó a la Corte de Justicia que explique de dónde sacará los fondos para afrontar el aumento que otorgó a su personal y en paralelo, le pidió a la ministra de Hacienda, Alejandra Nazareno, que explique si el Ejecutivo está en condiciones de ayudar a abonar ese aumento de la Corte.

En su pedido de informes, la diputada advierte que el último aumento de la Corte a su personal “podría poner en riesgo las finanzas públicas de la Provincia”, además de que la medida no se enmarca en la Ley de Emergencia Económica que fuera prorrogada días atrás por el Ejecutivo provincial y que tampoco respeta las pautas de la Ley de Presupuesto 2025.

La oposición también opinó en torno al incremento otorgado por el máximo tribunal a sus empleados. En este sentido, desde el bloque de diputados de la UCR salieron en respaldo del Poder Judicial y exigieron al Gobierno que otorgue una suba de similares características al sostener que tiene los fondos para hacerlo.

Quien tomó la palabra de parte de la bancada radical, fue el diputado Mamerto Acuña, que criticó al gobernador Raúl Jalil por “su postura e incidencia frente a los aumentos salariales otorgados por el Poder Judicial a sus empleados”.

En esa línea, el legislador recordó que, al tratarse de poderes autónomos e independientes, el “Ejecutivo no tiene injerencia sobre las decisiones presupuestarias del Poder Judicial” y planteó que el Gobernador “debería enfocarse en mejorar la situación de los empleados bajo su órbita”.

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