miércoles, 15 de octubre de 2025 21:00
La reunión plenaria de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, junto con la Comisión de Ciencia y Tecnología, presididas por Flavio Fama (UCR) y Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), respectivamente, tuvo lugar este miércoles en el Salón Azul del Senado de la Nación. El objetivo de este encuentro fue llevar adelante una reunión informativa en el marco del tratamiento de tres iniciativas que proponen declarar al sistema nuclear argentino como bien estratégico y no enajenable, así como establecer la protección y preservación del ciclo nuclear nacional.
Se trata de los proyectos de Silvina García Larraburu, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara alta, quien presentó el proyecto recientemente (Expediente S-1624/2025), que busca prohibir expresamente cualquier intento de privatización, cesión o extranjerización de los organismos y empresas del sector; y de José Mayans.
El senador por Catamarca, Guillermo Andrada, expresó su preocupación durante la sesión. «Es la segunda vez que intentamos, de manera legislativa, frenar estos embates», comentó. «No tendremos dictamen esta vez, pero la lucha sigue», añadió, subrayando la importancia de la energía nuclear para la matriz energética del país.
En su intervención, Andrada detalló las características de la energía nuclear en Argentina, que representa entre un 7% y un 8% de la generación total de electricidad, destacando su bajo impacto ambiental y su capacidad para contribuir al sistema energético con una «baja huella de carbono». Además, resaltó el rol estratégico de Nucleoeléctrica, la empresa estatal que gestiona las tres centrales nucleares del país (Atucha 1, Atucha 2 y Embalse), y que también posee la capacidad para diseñar y reparar reactores nucleares, una especialización que requiere personal altamente calificado.
El senador Andrada cuestionó los motivos detrás de la venta de acciones de Nucleoeléctrica, señalando que la energía nuclear no es atractiva para los capitales privados debido a su largo retorno económico y a los estrictos estándares internacionales que exige su operación. En este sentido, comparó la situación argentina con otros países que han experimentado fracasos en la privatización de sus empresas nucleares, como España y Bélgica, o que han vuelto a estatizarlas, como Francia.
El punto clave del debate, según Andrada, es el decreto modifica la ley 24.065 del régimen eléctrico. Este decreto establece que las ganancias de las empresas generadoras de electricidad del Estado deben destinarse exclusivamente a la capacitación del personal y al mantenimiento de las instalaciones, sin fines de lucro. Sin embargo, con la modificación de este decreto, la empresa Nucleoeléctrica podría tener libertad para fijar sus tarifas y generar ganancias, lo que abre la puerta a la privatización parcial de la compañía.
«Quieren que Nucleoeléctrica entre al mercado eléctrico mayorista y establezca tarifas que podrían ser las que deseen», explicó Andrada, subrayando que el objetivo detrás de la venta es beneficiar a unos pocos grupos empresariales con intereses privados, mientras se privatizan las ganancias y se socializan los riesgos, como la gestión de residuos nucleares.
«Tenemos todo un ciclo nuclear completo: desde la producción de agua pesada hasta la fabricación de combustible nuclear, pasando por la capacidad de enriquecer uranio», afirmó Andrada.