La política de reducción del sector público nacional impulsada por la administración del presidente Javier Milei es, sin duda, el eje central de la narrativa gubernamental sobre la reestructuración económica. Sin embargo, este proceso, medido en cifras y experimentado en historias personales, presenta un notable ejemplo de cómo un mismo hecho puede interpretarse de manera radicalmente diferente y hasta opuesta según la perspectiva de análisis.
Para el discurso oficialista, la contundente baja en la dotación de personal, que según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alcanzó los 59.802 empleados menos desde el comienzo de la gestión hasta septiembre de este año, es la prueba irrefutable de la eficacia de sus medidas. Desde esta visión, la reducción de personal es un paso necesario para bajar el gasto público estructural y, consecuentemente, alcanzar el anhelado equilibrio fiscal o «déficit cero». Se presenta como una cirugía mayor imprescindible para desmantelar lo que definen como un Estado sobredimensionado e ineficiente, cuya única función era engrosar la planilla de gastos sin ofrecer un servicio de valor. La cifra de cesantías se convierte así en un indicador de éxito en la austeridad prometida.
Desde otra perspectiva, sin embargo, el análisis cambia drásticamente. Lo que el Gobierno llama «reducción de la planta» o «baja de dotación», las familias afectadas lo perciben como despidos que generan una profunda zozobra e incertidumbre. Pero el costo social va más allá de la afectación individual. La reducción de personal que presta servicio en organismos del Estado nacional implica un deterioro de la función esencial que cumplen estas dependencias, muchas de ellas vitales para el funcionamiento del tejido social y productivo, especialmente en el interior del país, en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos.
La reducción de personal que presta servicio en organismos del Estado nacional implica un deterioro de la función esencial que cumplen estas dependencias. La reducción de personal que presta servicio en organismos del Estado nacional implica un deterioro de la función esencial que cumplen estas dependencias.
La ausencia o limitación de la función de estas áreas restringe la posibilidad de garantizar derechos sociales básicos o de impulsar procesos productivos de pequeños agricultores, emprendedores familiares o comunidades vulnerables que dependen de la asistencia técnica y la presencia estatal. El ahorro fiscal se consigue a costa de un debilitamiento del Estado como garante de derechos y motor del desarrollo local.
En Catamarca, por ejemplo, los efectos son tangibles. Hubo despidos en la ANSES, donde incluso se cerraron delegaciones en el interior provincial, dificultando el acceso de cientos de beneficiarios a trámites esenciales. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) fue directamente disuelto, dejando a comunidades rurales sin asistencia técnica ni programas de desarrollo. También se registraron recortes en el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Vialidad Nacional y el Correo Argentino, cuyas tareas son esenciales en lugares donde el mercado no llega.
La política de ajuste también golpeó al sistema científico y universitario. En el Conicet Catamarca, la reducción presupuestaria se tradujo en sueldos deteriorados, paralización de investigaciones y dificultades para sostener proyectos que requieren insumos o trabajo de campo. Algo similar ocurre en las universidades nacionales, incluida la de Catamarca, donde la falta de recursos compromete no sólo el funcionamiento cotidiano, sino también la formación y el futuro de miles de jóvenes.
De modo que el balance de la política de reducción del Estado depende del punto de vista del análisis. Para unos, es el inicio de una nueva etapa de responsabilidad fiscal; para otros, una pérdida silenciosa del tejido social y productivo que durante décadas sostuvo la vida cotidiana en los márgenes del mapa argentino.