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Condenados por el crimen de Ferreyra solicitan nulidad del juicio y absolución

En una audiencia de agravios ante la Sala Penal de la Corte de Justicia, los abogados de Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa pidieron anular el veredicto y liberar a sus defendidos, condenados por el homicidio de Miguel Ángel Ferreyra ocurrido en 2023 en El Bañado.

Durante la mañana de ayer, el tribunal de la Sala Penal de la Corte de Justicia llevó adelante la audiencia de agravios solicitada por los abogados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, quienes solicitaron “la absolución de sus defendidos”: Jorge Roberto “Castruli” Castro, condenado a 10 años de prisión, y Mónica Beatriz Murúa, a 5 años y 6 meses, por el crimen de Miguel Ángel “Látigo” Ferreyra. El hecho ocurrió en septiembre de 2023 en la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo.

Con la presencia de los condenados, trasladados desde las respectivas unidades carcelarias al salón San Martín, los jueces Fernanda Rosales Andreotti, Rita Saldaño y Hernán Martel abrieron la audiencia y escucharon en primer término a los defensores. En síntesis, los letrados manifestaron que “en el caso de Castro, el veredicto de culpabilidad fue arbitrario. Hubo un apartamiento flagrante de la prueba y la violación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación”. Sobre el jurado que lo declaró culpable, el abogado expresó: “El jurado prescindió de la opinión técnica unánime de cinco profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense”.

En cuanto a la coimputada Mónica Murúa, madre de Castro, señalaron que “el veredicto carece de racionalidad y certeza”, solicitando que se “declare la nulidad del veredicto emitido por el jurado popular y se disponga la absolución de sus defendidos”.

Luego intervino el fiscal de cámara, Dr. Augusto Barros, quien pidió confirmar la sentencia dictada en diciembre de 2025 por el juez Silvio Martoccia tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular. El fiscal recurrió a la Organización Mundial de la Salud para argumentar que “el diagnóstico de Castro le otorga un grado moderado de discapacidad intelectual” y que “durante el debate se puso a disposición del jurado las pericias y los testimonios de los peritos sin prescindir de ellos en ningún momento, porque no había nada para esconder”. Afirmó: “No hay agravio de la defensa para responder, solo la imaginación en la que se representan que, con otro jurado, la decisión podría haber sido diferente; solo están disconformes con el veredicto”.

Por último, el abogado querellante Sebastián Ibáñez se adhirió al fiscal y agregó: “Lo que le da calidad al veredicto del tribunal es la razón inmotivada”.

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