Estela Chávez, de 65 años, permanece alojada en la Alcaidía N° 5 de Chacarita desde el 8 de octubre, acusada de tentativa de hurto. Según el Código Procesal Penal, su situación procesal debía resolverse en un plazo máximo de diez días tras la indagatoria.
Estela Chávez, de 65 años, se encuentra detenida desde el 8 de octubre en la Alcaidía N° 5 de Chacarita, acusada de tentativa de hurto. Según la crónica policial, el hecho ocurrió cuando personal de seguridad de un supermercado del conurbano bonaerense la interceptó antes de llegar a las cajas con un corte de carne.
De acuerdo con el Código Procesal Penal, los delitos de pena reducida, como la tentativa de hurto, exigen resolver la situación de la imputada en un plazo máximo de diez días tras la indagatoria. Con Chávez, ese plazo no se cumplió y la detención se extendió por un mes sin resolución.
El Código Penal establece que el hurto es un delito leve penado con entre un mes y dos años de prisión. La figura se atenúa cuando el delito no se consuma: al quedar en grado de tentativa, la pena debe reducirse entre un tercio y la mitad. En el peor de los escenarios y con el castigo máximo, la condena no superaría el año de cárcel.
El caso encuadra en la figura que el uso popular y cierta jurisprudencia denominan «hurto famélico», es decir, la sustracción de productos básicos cuando la persona se encuentra en situación de indigencia. Un episodio similar se registró en agosto pasado en la ciudad jujeña de San Pedro, donde un hombre de 73 años fue sorprendido escondiendo alimentos entre su ropa. «No tengo para comer», les dijo a los empleados del comercio. El gerente decidió no presentar la denuncia y el jubilado recuperó su libertad en el acto.
En el mismo período, causas por corrupción contra dirigentes políticos y empresarios continúan sin sentencia firme. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que los expedientes con funcionarios y exfuncionarios demoran más de una década en llegar a sentencia firme.
En agosto de 2024, el Poder Ejecutivo vetó la ley de movilidad jubilatoria. Además, el fin de la moratoria previsional dejó sin acceso a la jubilación a personas que no reúnen los treinta años de aportes.